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Bruselas ata en corto a los intermediarios

La Comisión Europea propone nueva legislación para castigar a los abogados, banqueros y asesores que faciliten la evasión fiscal transfronteriza

SILVIA MARTINEZ / BRUSELAS

Luxleaks permitió destapar centenares de acuerdos secretos para eludir el pago de impuestos por parte de multinacionales, pero fueron los Papeles de Panamá los que pusieron al descubierto la ingente estructura que ha permitido a políticos, empresarios y ciudadanos de todo el mundo esconder en paraísos fiscales propiedades y ganancias multimillonarias a la hacienda pública de sus respectivos países. Bruselas presenta este miércoles su enésima propuesta para combatir estas prácticas y obligar también a los intermediarios –bancos, abogados, asesores o contables- a colaborar notificando a los gobiernos la existencia de “esquemas de planificación fiscal potencialmente agresiva” cuando impliquen acuerdos transfronterizos.

El motivo es simple. “Las recientes filtraciones muestran cómo determinados intermediarios –como el despacho Mossack Fonseca con sede en Panamá- parecen haber ayudado activamente a sus clientes a utilizar acuerdos para reducir su carga fiscal y ocultar dinero en paraísos fiscales” mientras “la experiencia demuestra que las disposiciones nacionales contra las planificaciones fiscales agresivas no son plenamente efectivas”, señala el borrador del documento que aprobará este miércoles el colegio de comisarios.

Revelar, sostiene Bruselas, determinados acuerdos fiscales que implican a más de un Estado miembro –o a un Estado y un tercer país- podría ayudar a crear un entorno tributario más justo en el mercado interno de la UE e imponer la “obligación explícita” a los intermediarios, ya sean bufetes de abogados, firmas de asesoría como Deloitte o bancos, “constituye un paso en la buena dirección”, esgrimen.

La nueva propuesta exigirá a los Estados miembros que intercambien de forma automática entre sí todos los regímenes tributarios agresivos notificados, de la misma manera que se intercambian otros datos bancarios. Esta información se almacenará en un registro central. Actualmente el intercambio es muy limitado y así creen que podrán poner más presión sobre los intermediarios para que se abstengan de diseñar, publicitar e implementar acuerdos de ingeniería fiscal. “

El objetivo es aumentar la transparencia y acceder a la información adecuada en una fase temprana”, señala el documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El plan establece también la necesidad de fijar “sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias” para aquellos que vulneren las reglas pero deja en manos de los Estados miembros establecer el castigo a nivel nacional.

Irlanda, Portugal y Reino Unido, a la vanguardia

Ante de que la propuesta puedan convertirse en ley tendrá que aprobarla los gobiernos de la UE y el Parlamento Europeo, que precisamente tiene abierta una comisión de investigación sobre los Papeles de Panamá en la que han denunciado la opacidad en torno a la actuación de los intermediarios. Actualmente hay tres países en la UE –Irlanda, Portugal y recientemente Reino Unido- que han establecido regímenes para castigar a los intermediarios que ayuden a evadir impuestos.

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