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INICIATIVA PARLAMENTARIA

El PDeCat pide una ley para regularizar la atención a las personas

Calcula que afloraría un millón de empleos que ahora están en la economía sumergida

MERCEDES JANSA / MADRID

Personas mayores descansan en unos bancos de Barcelona.

Personas mayores descansan en unos bancos de Barcelona. / RICARD CUGAT

Algunos estudios estiman que la economía sumergida esconde un millón de personas que realizan trabajos de atención a las personas por el que no reciben retribuciones o lo hacen en condiciones precarias e irregulares, y que si fueran regularizadas supondrían una estimable aportación a la creación de empleo y a las cotizaciones sociales.

Este es el argumento que mueve al PDeCat a reclamar al Gobierno un proyecto de ley que incluiría a estos trabajadores dentro de régimen especial de la Seguridad Social de los empleados del hogar, desgravaciones  fiscales para quien contrate estos servicios y aplicar un IVA superreducido a las entidades sin ánimo de lucro que presten el servicio.

Carles Campuzano, diputado del PDeCat, ha tomado la iniciativa de presentar una proposición no de ley para arrancar al Ejecutivo un compromiso que regule esta situación. Con los recortes de la recesión, la ley de Dependencia quedó sin apenas dotaciones presupuestarias tanto del Estado como de las comunidades autónomas y en gran parte, la atención a las personas quedó en manos de familiares (sobre todos, de las mujeres) que no reciben remuneración alguna, o en personas mal pagadas y no declaradas.

CREACIÓN DE EMPLEO

La proposición no de ley apuesta por aflorar estos "empleos blancos" vinculados a los servicios sociales y a la sanidad que según algunas estimaciones podrían estar prestando alrededor de un millón de personas para beneficiar a estas, prestar servicios de calidad y crear empleo.

Para ello propone reducir los costes para desincentivar las prácticas ilegales y agilizar los sistemas de afiliación ante la diversidad de posibles empleadores.  Todo ello contribuiría a "exigir estándares de calidad en la prestación de estos servicios y garantizar los derechos laborales de los trabajadores", según Campuzano.

Además de las ventajas fiscales, el proyecto de ley que se reclama al Gobierno debería regular que sean deducibles para las empresas los gastos que se destinen a la prestación de servicios de guardería o a la asistencia personal a sus empleados o familiares con el fin de facilitarles la conciliación laboral y la igualdad de oportunidades.

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