La fiscalía archiva la investigación por las irregularidades de Aigües del Ter-Llobregat

El fiscal de Barcelona Miguel Ángel Pérez de Gregorio ha archivado la investigación por presuntas irregularidades en Aigües Ter-Llobregat (ATLL), la empresa gestionada por Acciona que suministra el agua en alta del área metropolitana de la capital catalana. Según la acusación pública, no se ha podido acreditar la existencia de delito alguno. Basa su decisióon en unos informes encargados a los Mossos d'Esquadra y a la Agencia Tributaria.

La denuncia partió de un informe de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), que señala que el grupo Acciona usó dos filiales, ATLL Concesionaria y ATLL Operadora, para facturar unos 13 millones de euros por trabajos supuestamente injustificados. El organismo indicó que se podría haber cometido un delito de falsedad documental así como varios delitos fiscales.

El fiscal relata en el decreto de archivo, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que, en diciembre del 2016 recibió primer informe de los Mossos que señalaba que no se había apreciado la existencia clara de ningún tipo de delito, aunque se detectaron algunas irregularidades administrativas. La fiscalía solicitó también un dictamen a la Agencia Tributaria, que se encontraba realizando una inspección fiscal de la empresa concesionaria de los ejercicios 2012 y 2013.

INEXISTENCIA DE INFRACCIÓN TRIBUTARIA

"La conclusión de la investigación de la Agencia Tributaria es la inexistencia de infracción tributaria, ya que ambas partes vinculadas han completo correctamente con su obligación de documentar las operaciones respectivas, y por tanto no procede aplicarles ningún tipo de sanción administrativa, a pesar de existir alguna cuota dejada de ingresar. Estos se explica de forma sencillla, si se tiene en cuenta que la cuota dejada de ingresar de una de las entidades, quedaría compensada con la cuota a devolver de la empresa a ellas vinculada", indica el fiscal.

La adjudicación de ATLL a un consorcio liderado por Acciona en el año 2012 provocó un duro enfrentamiento legal. La licitación acabó en los tribunales después de que el  Organismo Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC) detectara irregularidades en el proceso. El rival de Acciona en el concurso público, Agbar, aprovechó el fallo del tribunal e inició una batalla para revertir la adjudicación.