Bruselas redobla la presión sobre España para que reforma la estiba
Aunque "no hay plazo límite" la posible multa exigida por la Comisión Europea por incumplimiento aumenta cada día
ESTIBADORES CON ESTUDIANTES / vmo
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Por qué confiar en El Periódico La Comisión Europea ha tomado nota del rechazo este jueves en el Congreso de los Diputados del real decreto con el que el gobierno de Mariano Rajoy pretendía reformar el régimen laboral de los estibadores pero ha urgido al Ejecutivo español a tomar medidas y aprobar la reforma lo antes posible. "Es esencial que España reforme el sistema laboral de los puertos que no está en línea con la legislación europea", ha advertido una portavoz comunitaria de transportes. "Invitamos a España a que cumpla con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2014", ha añadido Anna-Kaisa Itkonen.
SIN PLAZOS PARA CUMPLIR
Aunque la Comisión Europea ha admitido que "no hay plazos límite específicos" para que el gobierno cumpla con la sentencia, también ha recordado que hay un procedimiento de infracción que sigue en marcha y una propuesta de multa que sigue estando sobre la mesa y que podría llegar a hacerse efectiva si no hay solución antes de que el Tribunal europeo se pronuncie de nuevo sobre el recurso presentado por el Ejecutivo comunitario.
Concretamente, Bruselas ha pedido al Tribunal de justicia de la UE -lo hizo en julio del año pasado- que se sancione a España con una multa de 27.522 euros diarios desde el pronunciamiento de la corte, el 11 de diciembre de 2014, y con otros 134.107 euros al día una vez que se publique la segunda sentencia. Es decir, hasta ahora el castigo sumaría más de 22 millones de euros.
La Comision Europea ha reiterado su disponibilidad a ofrecer asistencia técnica y asesoramiento a las autoridades españolas pero también ha dejado claro que ahora "son las autoridades españolas las que tienen que encontrar la vía para cumplir". Mientras tanto, "el procedimiento de infracción sigue abierto", han reiterado sobre un procedimiento que solo finalizará una vez que la legislación española sea acorde a la europea.
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