Los registradores amenazan con denunciar a la Generalitat
Adelantar a septiembre del 2017 el final del convenio que acaba en noviembre supone "un incumplimiento", afirmna
Agustí Sala
Redactor jefe de Economía
Además de El Periódico, trabajé de 1989 a 1990 en La Economía 16, como responsable de Economía en el Diari de Barcelona, de 1989 a 1990; en la sección de Economía de TVE Catalunya de 1987 a 1989, en Antena 3 de Radio, de 1985 a 1987 y en el Diari Menorca, de 1983 a 1985 y Radio 80-Menorca. Además la licenciatura en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (1992-1986), tengo un posgrado en dirección general (PDG) 2011-2012y un curso de Márketing Digital y Redes Sociales por la EAE Business School
AGUSTÍ SALA / BARCELONA
Negociación, pero dura. Los registradores amenzan con denunciar a la Generalitat si adelanta el vencimiento del convenio por el que este colectivo realiza las labores de liquidación y recaudación de impuestos cedidos.
Tras reunirse con el secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, estos profesionales aseguran que avanzar al 1 de septiembre del 2017 el final del convenio, como pretende el Ejecutivo catalán, "supone un incumplimiento" y, por tanto, actuarán "en consecuencia".
Salvadó y el resto de la cúpula del fisco catalán se han reunido en el marco de la comisión de seguimiento que se creó, encabezada por la otra parte por el decano de los Registradores de Catalunya, Luis Suárez. Estos fedatarios públicos insisten en que "en tan poco tiempo (9 meses) no puede realizarse el traspaso de funciones".
EFICACIA PROPIA
A su juicio existen numerosos aspectos técnicos que deben solucionarse, para lo que se creó la comisión de seguimientos y mesas de trabajo. En todo caso ofrecen colaboración a la Generalitat. También destacan que "la recaudación procedente de revisiones posteriores se debe a la eficacia de las oficinas liquidadoras, no de la administración".
Insisten en que la administración catalana dejará de ingresar un mínimo de 100 millones de euros con el cambio, que pueden elevarse a 400 millones porque "el sistema puede colapsar". También aseguran que los puntos de atención que propone la Generalitat para paliar el final de la colaboración de los registradores a través de Tributs de Catalunya "son solo buzones de recepción, no oficinas de gestión". con su decisión, agregan, la Generalitat "deja sin servicio directo a más del 50% d ela población de Catalunya".
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