11 ago 2020

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Los funcionarios de justicia catalanes cobrarán en noviembre la paga extra del 2012

La Conselleria de Justícia se hará cargo de los 9,6 millones de euros que percibirán 7.600 empleados públicos

Carles Mundó califica de "injusta" las medida impuesta por el Gobierno español a raíz de los recortes

J. G. Albalat

Funcionarios trabajando en Barcelona en una imagen de archivo

Funcionarios trabajando en Barcelona en una imagen de archivo / Ricard Cugat

Los casi 7.600 funcionarios de justicia que hay en Catalunya cobrarán en la nómina del mes de noviembre la totalidad de la paga extra que les fue suprimida en el 2012 a raíz de los recortes impuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy para todos los empleados públicos de España. La Conselleria de Justícia correrá a cargo del desembolso de los 9,6 millones de euros.

Está previsto que el Ejecutivo catalán apruebe este martes la propuesta del ‘conseller’ de Justícia, Carles Mundó, que, este lunes, calificó de "injusta" la supresión de esta retribución. Se hará a través de un decreto ley, una medida excepcional que permitirá que el abono de esta paga extra se efectúe en la próxima nómina de noviembre. El decreto debe ser convalidado por el Parlament. Los trabajadores de los juzgados percibirán entre 1.170 y 1.691 euros en función de si se tratan de auxilares judiciales, tramitadores procesales, gestores o médicos forenses.

Esta retribución, sin embargo, solo afecta a los funcionarios de justicia y no al resto de la Generalitat, que hace unos meses llegaron a un acuerdo para cobrarlo en tres plazos. Y la razón es que los empleados de los juzgados pertenecen a un cuerpo de titularidad estatal, pero gestionados por la Generalitat, con un marco normativo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De ahí que el dinero salga de las arcas de la Conselleria de Justícia que, según Mundó, está haciendo un esfuerzo presupuestario para cerrar este tema.

CRÍTICAS AL EJECUTIVO DE MADRID

"Daremos por superada esta situación injusta que se dio a raíz de los recortes impuestos por el Gobierno español. Hemos priorizado solucionar este asunto", insistió el ‘conseller’. Además, precisó que para este pago no se ha pedido ninguna asignación extraordinaria a la Conselleria d’Economia. Mundó ha ido más allá y ha dicho: "Lo correcto hubiera sido que el Gobierno español no hubiera excluido esa paga extra, un derecho que tienen los trabajadores".


Falta por solucionar el retorno de las pagas extras del 2013 y del 2014. Pero hay una diferencia: en la del 2012 los trabajadores ganaron varias demandas en los juzgados, mientras que en la de los años posteriores los empleados públicos perdieron los pleitos que iniciaron, según Mundó. "El desembolso de las pagas del 2013 y del 2014 se escapa de las competencias de la Conselleria de Justícia", aseguró.Esta paga la cobrarán no solo por los actuales funcionarios de los juzgados, sino también los que en el 2012 estaban trabajando en ellos. Eso sí, no se contemplan los intereses de demora, que no se han reclamado. El 'conseller' de Justícia ha explicado que con esta medida también se cierra un litigio que llegó a los juzgados, donde se dictaron sentencias contradictorias sobre la supresión de la paga extra. La Generalitat, incluso presentó un recurso en el 2015 ante el Tribunal Supremo para que se esclarecieran las directrices. Ahora, el gobierno catalán renuncia a seguir este proceso judicial.

Pacto con los sindicatos para el resto de empleados

Los sindicatos y el Gobierno catalán llegaron el pasado mes de junio a un acuerdo sobre el calendario de devolución del 75% de la paga extra correspondiente al 2012 pendiente de retorno, que culminará en marzo del 2018, como aprobó el Parlament.

En principio, estaba previsto que empezaran a percibir ese dinero este mes de octubre. El pacto suponía un desembolso de 148 millones para hacer frente al primer pago planificado; unos 300 en el 2017 ; y otros 148 millones en el 2018. De ello se beneficiarán los 220.000 empleados públicos de la Generalitat y sus empresas públicas.