La redada para frenar las horas extras pone en pie de guerra a las empresas

El inicio de la recuperación de la creación de empleo en España ha llevado aparejada una nueva burbuja. La de las horas extras, especialmente en los contratos que no llegan a jornada completa. El empleo a tiempo parcial ha pasado de representar unas cifras muy bajas, que motivaron una reforma que flexibilizó la modalidad, a registrar una eclosión que ha llevado a que uno de cada tres contratos nuevos sean a media jornada. 

El éxito de los contratos a tiempo parcial y la existencia de un alto número de horas extras no retribuidas (53% del total) ha llamado la atención de los sindicatos, que llevan meses denunciando fraudes con prolongaciones de jornada; a la justicia, que ha fijado una nueva jurisprudencia más dura; y, finalmente, a la Inspección de Trabajo, que ha movido ficha y ha enviado a sus efectivos a llevar a cabo una redada en las empresas. A pesar de que se había anunciado la puesta en marcha de esta razia, la llegada de los inspectores ha pillado por sorpresa a muchas compañías, que se han rebelado contra unas exigencias que consideran inviables de cumplir en las pymes. 

El peso de los contratos a tiempo parcial en las nuevas contrataciones ha pasado de un 21% en el 2007 a un 34% en el acumulado de enero a junio de este año, según la estadística del Ministerio de Empleo. La invasión de las medias jornadas alcanza dos de cada tres contratos nuevos (66%) en el caso de la modalidad eventual por circunstancias de la producción, una de las preferidas por las empresas junto con el contrato de obra y servicio.      

CERCO A LAS HORAS EXTRAS

El cerco a la prolongación de la jornada laboral, especialmente en los contratos a tiempo parcial, se inicio a final del 2013 con un cambio normativo que obligaba a las empresas a contabilizar las horas de trabajo. Sin embargo, esa obligación había quedado limitada a algunos casos y no existía una instrucción especial por parte de la inspección. Pero la situación ha cambiado con varias sentencias de la Audiencia Nacional que endurecen las exigencias sobre control de jornadas para las empresas. El tribunal considera que las empresas están obligadas a llevar a cabo un registro diario de las horas de trabajo con sistemas de control instalados en sus dependencias. 

Como consecuencia de estas sentencias y de las denuncias de fraude, el Ministerio de Empleo ha puesto en marcha este verano una instrucción especial para intensificar el control en materia de tiempo de trabajo y de horas extras. Los inspectores exigen a las compañías que visitan sistemas de registro manuales o electrónicos e informáticos en los que aparezcan las horas trabajadas por cada empleado y su jornada de trabajo declarada en su contrato.

59% DE EMPRESAS, SIN CONTROLES

Las sanciones por incumplir estas exigencias pueden oscilar entre los 626 euros y los 6.250 euros, así como una liquidación de cotizaciones sociales por el tiempo no declarado. Las visitas se centran en los sectores de la banca, seguros, sanidad, comercio, reparación de vehículos, industria manufacturera y servicios sociales.  

El impacto de las visitas en las empresas está siendo elevado, puesto que la mayoría no están preparadas. El 59% de las compañías entrevistadas por Cecot no disponen de sistemas de control horario para el personal, y el 65% prevén un impacto en su actividad debido al aumento de los costes y la burocracia. El coste medio de implementar un control horario puede costar de 1.000 a 6.000 euros y unos 720 euros por mantenimiento al año. 

Para David Garrofé, secretario general de Cecot, se trata de una medida "desproporcionada" para combatir el fraude en las horas extras, especialmente en los contratos a tiempo parcial, una finalidad que la patronal comparte aunque considera "injusto" exigir un sistema que obligue a fichar a los trabajadores de una pyme al inicio y al final de la jornada.