Los sindicatos sacan a la calle sus exigencias al futuro Gobierno

Hacía tiempo que no había un Primero de Mayo tan político. Ni siquiera al inicio de la crisis, allá por el 2010 y el 2011, cuando los recortes de salarios, pensiones, empleo público y la amenaza de dos reformas laborales fueron el acicate de la movilización sindical. Ahora, el fracaso en la formación de Gobierno y la nueva cita electoral, ha llevado a los líderes de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Josep Maria Álvarez, a un mal disimulado enfado con los partidos de centro y de izquierda por no haber aprovechado la ocasión para recuperar el marco social de antes de la crisis y cambiar de políticas.

En Catalunya, depués de actuar con una estrategia "a la defensiva" para intentar frenar los recortes acometidos por los gobiernos de Artur Mas y de Mariano Rajoy, ahora es el momento de "pasar a la ofensiva", según el líder de CCOO, Joan Carles Gallego. Las manifestaciones del 1 de mayo en Barcelona, Lleida, Tarragona, Girona y Tortosa tendrán como reivindicaciones propias de Catalunya la aprobación de la renta de ciudadanía, un salario mínimo de 1.000 euros y la recuperación de las tres pagas extras de los funcionarios. El nuevo secretario general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha amenzado con una escalada de movilizaciones en un otoño caliente, sin descartar una nueva huelga general, si el Gobierno que salga de las elecciones del 26 de junio frena la derogación de la reforma laboral. Esa es una de las principales reivindicaciones que saldrán a la calle en el Primero de Mayo.

DEROGACIÓN DE LAS DOS REFORMAS LABORALES

Sin eufemismos y ambas, la de Zapatero y la de Rajoy, no sólo esta última como defiende el PSOE. CCOO y UGT no quieren oír hablar de que se utilicen como base para un retoque de una futura legislación laboral. Quieren recuperar la negociación colectiva, el convenio de sector y no el de empresa, la autorización administrativa  previa para los despidos colectivos y la ultraactividad de estos, mantener su vigencia hasta la negociación del nuevo.

EMPLEO

Un plan de choque para parados de larga duración, jóvenes, mujeres y empleados públicos. Además, fortalecer la inspección de trabajo con más personal así como los servicios públicos de empleo para la reinserción de los desempleados.

La creación de empleo debería incluir un plan de industrialización que sea palanca para cambiar el modelo productivo de España. También un plan de empleo público que rejuvenezca las plantillas de la administración, la sanidad y la enseñanza.  

La recuperación del contrato de relevo y de la jubilación anticipada para los mayores de 55 años que estén en paro son otras propuestas para el mercado de trabajo.

PRESTACIONES

El plan incluiría una mejora en la protección de los parados que ahora solo cubre a la mitad de ellos, poco más de dos millones de personas. También se ampliaría las ayudas a quienes se hayan acabado todo tipo de subsidios. La actual renta de 420 euros no ha llegado a los 400.000 parados que el Gobierno preveía por falta de información y por las limitaciones de los requisitos para solicitarlas. Solo 105.000 se han interesado en ello, de los que poco más de 15.000 han logrado un empleo.

SALARIO MÍNIMO

Los líderes sindicales han reiterado a todos los partidos políticos la necesidad de aumentar el salario mínimo (SMI) de forma progresiva en la próxima legislatura (cuatro años) hasta que alcance el 60% del salario mediano, lo que supondría una renta de 800 euros el primer año. El salario mínimo sirve de indicador para distintas políticas sociales, como las becas, y su revalorización anual  ayuda a mantener el poder adquisitivo de las rentas más bajas. En el 2016 asciende a 655,20 euros.

PENSIONES

Para las centrales es imprescindible revertir la reforma de las pensiones del 2013 que supone un recorte en las actuales y en las futuras. Se aseguraría también la viabilidad del sistema público, cuyo mayor logro, el fondo de reserva, la llamada hucha de las pensioneshucha se ha reducido a la mitad en los cuatro años de Gobierno del PP.

Para ello la política fiscal debería jugar un papel importante para aumentar las trasferencias de fondos a la Seguridad Social. El déficit del sistema se ha agravado en los últimos años pese a que ha aumentado la contratación. La precariedad de los  contratos y la escasez de los salarios conllevan mínimas bases de cotización que reducen los ingresos del sistema de protección.