Andorra acusa a Joan Pau Miquel de cobrar 15 millones de BPA sin declarar

Los juzgados de Andorra han admitido a trámite una querella criminal presentada por la Seguridad Social del país contra contra el exconsejero delegado de BPA Joan Pau Miquel por haber cobrado presuntamente sin declarar cerca de 15 millones de euros de la entidad. En su escrito, el Seguro considera que "existen pruebas suficientes como para demostrar" que el banco realizó estos pagos a través de un contrato de asesoramiento con la sociedad panameña Landstreet, propiedad del ejecutivo.

Según la agencia EFE, la Seguridad Social afirma que la sociedad Principal Holding, también participada por Miquel, emitió de forma mensual facturas a BPA por "horas" de trabajo del entonces primer ejecutivo del banco, que se encuentra en prisión desde el 15 marzo del año pasado por un supuesto caso de blanqueo de capitales. Sólo entre 2007 y 2015, la sociedad Landstreet cobró más de 29,4 millones de euros de BPA. De éstos, la mitad fueron a parar a Miquel (14,7 millones), mientras que el resto se lo repartieron otros dos socios.

La Seguridad Social de Andorra cree que esta remuneración "no tiene ningún fundamento legal, sino que viene a complementar la remuneración ya percibida por cada uno de los empleados". Por ello, añade, "todo lleva a concluir que la sociedad panameña era una sociedad ficticia" que emitía cada trimestre facturas a BPA por servicios no realizados. 

FACTURAS FALSAS

Miquel era también propietario al 50 % de Principat Holding, sociedad patrimonial participada en otro 50 % por Carles Monreal. Esta firma no tenía prácticamente actividad real, pero emitía cada mes unas facturas a BPA "por servicios por la presencia" de Miquel en ciertas reuniones.

En los últimos cinco años, esta empresa habría facturado cerca de 90.000 euros. "Todo lleva a pensar que estos pagos corresponden a parte del salario o a una remuneración complementaria del señor Miquel disfrazada en una factura emitida cada mes por la sociedad al banco", afirma el Seguro. El instituto público le acusa de un presunto delito mayor continuado de fraude a la Seguridad Social. 

Desde la cárcel, el exconsejero delegado ha pagado 547.908 euros para regularizar sus cotizaciones al frente del banco. Sin embargo,el Seguro considera que este importe es inferior a la cuantía defraudada. Por ello, pide que se adopten, con carácter urgente, las medidas cautelares de embargo de las cuentas bancarias, vehículos, negocios y restantes derechos y bienes del querellado para garantizar la responsabilidad civil derivada del delito.