La Fiscalía de Barcelona investiga presuntas irregularidades de Acciona en la ATLL

La Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación por las presuntas irregularidades de <strong>Acciona </strong>en la gestión de la empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL). Esta decisión ha sido adoptada a raíz de un informe remitido por la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) en el que se denuncia que el grupo Acciona usó dos filiales para facturar unos 13 millones de euros por trabajos supuestamente injustificados y sin la autorización oficial necesaria. Las pesquisas pretenden aclarar si se ha cometido un delito de falsedad documental.

La investigación se deriva de un informe que Antifrau remitió hace unos días a la fiscalía, a raíz de una denuncia del sindicato CGT. El organismo público destapa facturas supuestamente cruzadas entre, al menos, dos filiales de Acciona, entre otras “múltiples irregularidades” en la prestación de servicios de ATLL. Estas anomalías pueden acarrear “significativas consecuencias en perjuicio del sector público” y plantea la posibilidad de resolver el contrato de concesión de la sociedad Aigües Ter-Llobregat, que la Generalitat adjudicó en el 2012, días antes de las elecciones catalanas, a un consorcio liderado por Acciona.

El informe de Antifrau destaca que ATLL subcontrató de forma irregular a la sociedad vinculada Empresa Operadora ATLL determinadas prestaciones que eran inherentes a la propia concesión de la gestión de la red de suministro de aguas Ter-Llobregat. En este sentido, este organismo público cuestiona la facturación de servicios de la Empresa Operadora y una filial Acciona (Acciona Agua) a ATLL, que entre los años 2013 y 2014 ascendieron a unos 13 millones de euros. Estas dos sociedades, incide el informe, emplearon un distinto criterio contable para el registro de los ingresos derivados de la “facturación cruzada".

INSUFICIENTE REPRESENTACIÓN

El dictamen advierte, además, de la “insuficiente” representación de la Generalitat en el consejo de administración de ATLL, que gestiona el servicio de suministro de aguas, y alerta de que las irregularidades detectadas pueden haber perjudicado al servicio de aguas e influido en la factura del agua, por la "inclusión de determinados gastos que no corresponden".

Junto a la Fiscalía, la Oficia Antifrau envió copias de su informe a la Conselleria d’Economia de la Generalitat y al director de la Agència Catalana de l’Aigüa (ACA), entidad a la que le corresponde la gestión del servicio de aguas, así como a la Agencia Tributaria.

La Generalitat adjudicó en el 2012 la gestión de la empresa pública ATLL a un consorcio liderado por Acciona junto con el banco de inversión brasileño BTG Pactual, ambos con un 39%, y en que también participaban las familias Rodés y Godia-Torreblanca. Posteriormente, Agbar impugnó la adjudicación, lo que derivó en una batalla judicial en la que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) acabó anulando el procedimiento de concesión. Esta resolución está recurrida por la Generalitat y Acciona y sus socios ante el Tribunal Supremo.