Antifraude ve "irregularidades" en la concesionaria Aigües Ter Lllobregat

La Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) ha detectado "múltiples irregularidades" de facturación de servicios por la concesionaria de la Generalitat Aigües Ter Llobregat (ATLL), controlada por Acciona, según apunta un informe de este organismo. El documento, remitido a la Fiscalía Superior de Catalunya y a la Agencia Tributaria "por las eventuales responsabilidades penales y contingencia fiscales" que se puedan derivar, concluye que la concesionaria subrogó parte de la actividad, más de 13 millones de euros en el 2013 y el 2014, a dos filiales sin la autorización preceptiva del regulador y sin acreditarse que se hiciera "en condiciones de mercado" y que hubiera "servicios efectivamente prestados".

Acciona, el accionista mayoritario de la concesionaria y de las sociedades en cuestión, afirma que todas las operaciones se comunicaron a la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y se sometieron a posteriores a auditorías "sin ninguna salvedad a este respecto". 

La privatización de Aigües Ter Llobregat, la mayor acometida por la Generalitat, está embarrancada en los tribunales por la batalla iniciada por Aigües de Barcelona (Agbar), que perdió el concurso para el contrato de gestión en el 2012 frente a Acciona. Esta operación también se convirtió en una arma arrojadiza durante la última campaña electoral autonómica a raíz de las condiciones de retribución financiera previstas para la concesionaria. El organismo que el Ejecutivo autonómico tenía para dirimir conflictos sobre contratos públicos, el OARCC, invalidó, a instancias del perdedor del concurso la licitación de la propia Administración el 2 de enero del 2013, el primer día hábil en el que el consorcio liderado por Acciona, controlada por la familia Entrecanales, tomaba las riendas de ATLL. Ponía así patas arriba la decisión de la mesa de contratación, formada por altos funcionarios de Territori y de Economia, que escogieron la opción de Acciona por unanimidad

RESCISIÓN DEL CONTRATO

El proceso que ha desembocado en la actuación de la OAC se abrió a raíz de una denuncia de carácter laboral de CGT por subrogación de plantilla en abril del 2015 que "se ha quedado corta a raíz de la investigación llevada a cabo", según explica Ermengol Gassiot, secretario general del sindicato. La central ha destacado que la OAC recomienda "la rescisión del contrato de Aigües Ter-Llobregat con Acciona". 

Acciona, que controla el 78% de la concesionaria, ha asegurado que no ha tenido conocimiento "del contenido del informe". También puntualiza que Acciona Agua tiene la condición de “socio industrial” de la compañía concesionaria de ATLL, que resultó adjudicataria de la concesión del servicio de agua en alta. En esta condición y de conformidad con lo dispuesto en el pliego de licitación y en la oferta presentada, ATLL Concessionària formalizó un contrato de prestación de servicios con una sociedad de nueva creación, denominada ATLL Operadora, propiedad 100% de Acciona Agua, "solicitando al respecto la correspondiente autorización del órgano administrativo de contratación".

El comunicado remitido por Acciona continúa asegurando que "los retrasos en el otorgamiento de la autorización administrativa solicitada hicieron que, por iniciativa propia, ATLL Concessionària desistiera de la solicitud y dejara sin efecto el referido contrato desde la fecha misma de su formalización, regularizándose la situación en las cuentas de la compañía correspondientes a los ejercicios de 2013 y 2014, las cuales han sido auditadas sin ninguna salvedad a este respecto".

SOCIEDAD SIN TRABAJADORES

Antifraude constata que subrogó parte de la actividad a ls filiales Empresa Operadora ATLL y a Acciona Agua con contratos por más de 13 millones de euros. En el 2012, un total de 7,4 millones fueron para Empresa Operadora y para Acciona Agua, otros 910.000 euros.

La CGT denunció esta situación al tratarse de una sociedad que no tenía trabajadores, por lo que no podía ofrecer este servicio. En el 2014, ATLL Concesionaria contabilizó prestaciones de servicios por otros 4,99 millones por parte Acciona Agua, según la OAC.

La primera de las irregularidades detectadas es que no contó con la autorización de la Administración catalana, lo cual supone una violación del pliego de condiciones de la adjudicación. De hecho, el miembro del ACA en ATLL no asistía casi nunca a las reuniones del consejo de administración. Antifraude también considera que no está justificada la subrogación, y que podría haberse pagado por encima del precio de mercado y que, además, se produce una "inexistencia de corriente real de servicios presuntamente prestados". Por ello, cree que estos contratos podrían esconder la voluntad de subir el precio del agua artificialmente. 

El informe también ha llegado al Govern, cuya portavoz, Neus Munté, ha admitido que "estos hechos ya habían sido detectados por el ACA como consecuencia de una auditoría", y ha añadido que la Agència Catalana de l'Aigua "los puso en conocimiento de la Agencia Tributaria" en 2015. El Govern considera estos hechos como "operaciones societarias". A su vez, fuentes de la Administración afirman que no parece haber motivos para la reseción del contrato como solicita la OAC, "en la medida en la que no se ha visto perjudicada la calidad del servicio".