Un agua muy turbia

Se trata de agua, pero el asunto de Aigües Ter Llobregat (ATLL) no está claro, sino turbio. La mayor privatización acometida por la Generalitat pende de un hilo, o mejor dicho, de una gota de agua, prácticamente desde el mismo día en la que se materializó. El organismo que el Ejecutivo autonómico tenía para dirimir conflictos sobre contratos públicos, el OARCC, invalidó, a instancias del perdedor del concurso, Aigües de Barcelona (Agbar); la licitación de la propia Administración el 2 de enero del 2013, el primer día hábil en el que el consorcio liderado por Acciona, controlada por la familia Entrecanales,  tomaba las riendas de ATLL. Ponía así patas arriba la decisión de la mesa de contratación, formada por altos funcionarios de Territori y de Economia, que escogieron la opción de Acciona por unanimidad.  

Este fallo del ente que dirigía José Antonio Gallo, que dependía en esa legislatura del secretario del Govern y hoy titular de Justícia, Germà Gordó, reveló la existencia de dos visiones en el Ejecutivo catalán. Una de ellas era favorable a Acciona y a que no estuviera en las mismas manos la distribución del agua en alta y en baja. Su máximo exponente era el 'conseller' de entonces al frente de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder. Este, el mismo día de la firma del contrato en la nueva legislatura de CiU al frente del Ejecutivo catalán, cedió el testigo a Santi Vila, exalcalde de Figueres; y, poco alineado con las tesis más sobernistas, fichó luego por la consultora KPMG.

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Otra parte del Govern, menos visible, prefería una solución más 'catalana', la de Agbar, a pesar de que la compañía estaba controlada por la francesa Suez Environnement, pero con La Caixa como socio minoritario por aquel entonces. El año pasado, la entidad financiera catalana salió del capital de Agbar para entrar en el de Suez. Además participa en la sociedad mixta que gestiona el ciclo del agua en el área metropolitana, en la que la que Agbar tiene un 70%, la Caixa, un15% y el Área Metropolitana (AMB), el 15% restante.

MUCHA PRISA

En todo caso, en la Generalitat había mucha prisa en el 2012. Tanta que incluso Acciona y sus socios, entre los que está el banco brasileño BTG Pactual y algunos representantes de destacadas familias catalanas como los Rodés o los Torreblanca, pidieron esperar a firmar el contrato a que el OARCC decidiera sobre el concurso. Pero la asfixia financiera del Govern, que resolvió el concurso cuando estaba en funciones, le llevó a forzar la firma el 27 de diciembre y con efecto desde las 23.59 horas del 31 de diciembre.

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Así, la Generalitat se embolsaba 298,7 millones en efectivo de los casi 1.000 en los que estaba valorado el contrato, lo cual permitiría aliviar su mermada tesorería. Y además, la Intervención General del Estado permitía al titular de Economia, Andreu Mas-Colell, anotarse la cantidad completa y reducir de una tacada el déficit catalán en cinco décimas del PIB. La fórmula contable era la de "una venta de activos con pago parcialmente aplazado". Todo estaba bien atado. O lo parecía. 

La resolución del OARCC, que culminó con una rocambolesca denuncia de la Generalitat contra sí misma, en la medida en que este organismo formaba parte de la Administración catalana; encendió la mecha de una batalla jurídica promovida por el presidente de Agbar, Àngel Simón, y a la que tanto Acciona, sus socios y la Generalitat respondieron. Recursos y contrarrecursos.

GANAR TIEMPO

En este contexto y para ganar tiempo a la espera de resoluciones favorables, hace un año, Santi Vila convocó de nuevo a la mesa de contratación para determinar si anulaba o no el concurso.Tras constatar este ente que la licitación era válida, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en la verbena de Sant Joan pasada,cia de Catalunya invalidaba el conjunto del proceso. Eso no beneficiaba a Acciona, pero tampoco a Agbar, que aspiraba a hacerse con las riendas de ATLL ¿Solución? Un recurso ante el Tribunal Supremo. Patada adminisrativa hacia delante y a esperar más meses o años. 

Mas-Colell estimó en el Parlament que quitar la gestión al consorcio integrado por Acciona costaría un mínimo de 326 millones de euros, aunque esto podría ser objeto de otra batalla judicial y más incertidumbres. En cualquier caso, cuanto más timepo transcurra, si ese ha de ser el final, más elevada será la factura.  

Esta privatización tuvo su origen en la denominada ley omnibús (ley 10/2011 de simplificación y mejora de la reuglación normativa), aprobada en la anterior legislatura de CiU. Antes de la privatización, la Generalitat asumió tanto los derechos (1.569 millones) como las obligaciones y pasivos de ATLL, formados por créditos y pagos pnedientes a proveedores (745 millones) a 31 de diciembre del 2012.