Rumasa, segundo final

José María Ruíz-Mateos falleció el pasado 7 de septiembre. La empresa que fundó con el acróstico de sus dos apellidos, Rumasa, fue extinguida definitivamente ayer por acuerdo del Consejo de Ministros. El empresario jerezano, tan aficionado a la chirigota ocurrente, seguro que habría protagonizado alguno de sus gags que siempre han contado con el apoyo de las emisoras populistas. La realidad, para su familia, es otra: sus hijos varones procesados por estafa tras la resurrección de la empresa familiar como Nueva Rumasa.

La noticia escueta de ayer fue que una filial de la SEPE (sociedad estatal de participaciones empresariales) había culminado todos los trámites burocráticos -o sea, contra las mismas normas que decide su patrón- para dar por liquidado el grupo Rumasa, nacionalizado el 23 de febrero de 1983 por el primerizo gobierno socialista de Felipe González, a propuesta del altivo -y sólido economista- ministro de Hacienda Miguel Boyer.

Que aquella decisión fue tan necesaria como precipitada han dado muestra los acontecimientos paralelos que se desencadenaron desde aquel día. De un lado la constatación de las tropelías sin límite que Ruíz-Mateos decidía, un autoritario compulsivo, en sus empresas. Empezó de tratante de vinos en su Jerez natal y trasladó esa práctica a la contabilidad de todas sus empresas.

Solo un régimen autoritario y de favores ventajistas pudo generar el monstruo que era Rumasa hasta finales de los años 70. Ruíz-Mateos era solo un comprador de empresas en saldo. Hasta que compró bancos, con el guión de Valls Taberner y Termes, sus hermanos de entonces en el Opus Dei. Apropiarse de bancos pequeños para hacer caja común con las propias empresas era una bomba de relojería. La compra de uno mayor, Banco Atlántico, levantó la liebre. Lo desactivó Boyer, pero no sabía que era una invitación envenenada de la misma banca, lo que hoy llamamos élites extractivas, el poder de siempre.

Ruíz-Mateos, el tratante de vinos que no deja de vender una bota aunque sea vinagre, adivinó enseguida la endeble protección jurídica de la expropiación -a lo que ayudaron las mentes preclaras de la oposición contundente del PP de entonces (Herrero de Miñón) a un PSOE demasiado poderoso- y los mejores bufetes de abogados se pusieron al servicio de Ruíz-Mateos, que contaba con una inmensa fortuna fuera de España para pleitear en más de 1.500 casos.

Al final siempre gana el Estado, que recupera (teóricos) 160 millones de euros. Mucho menos de lo que Ruíz-Mateos gastó en defensa, sobornos y campañas.  Nadie volverá a expropiar.