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Paso en firme de la UE en la lucha contra la elusión fiscal

Los Estados pactan una cláusula antiabusos para los acuerdos con empresas

MONTSE MARTÍNEZ / BRUSELAS

Moscovici, a la izquierda, y Guindos bromean antes de la reunión del Ecofin.

Moscovici, a la izquierda, y Guindos bromean antes de la reunión del Ecofin. / AP PHOTO / YVES LOGGHE

Paso en firme de los 28 Estados miembros de la UE para acabar con la elusión fiscal y poner coto a la planificación agresiva de las multinacionales para minimizar el pago de impuestos. Los ministros de Economía de la UE, reunidos ayer en Bruselas, aprobaron la aplicación de una cláusula vinculante «antiabusos» en la directiva concebida para evitar la doble imposición -pago de impuestos por partida doble- a firmas con actividad transfronteriza.

La aplicación desvirtuada de esta directiva ha permitido que grandes compañías eludan pagar los impuestos sobre sus beneficios en el país de la empresa matriz para hacerlo en el país donde se ubica la filial por las condiciones fiscales más ventajosas. La cláusula «antiabuso» está, precisamente, destinada a poner coto a esta práctica.

El escándalo bautizado como Luxleaks -acuerdos alcanzados por multinacionales de la talla de Ikea y Pepsi con el Gobierno de Luxemburgo para beneficiarse de condiciones fiscales ventajosas y eludir el pago en el país donde se genera la actividad- es uno de los máximos exponentes de una práctica que se pretende erradicar. Los acuerdos entre Gobiernos y empresas sobre el trato fiscal -tax ruling- siguen siendo una herramienta legal siempre que no se aplique de forma abusiva.

España, según los cálculos llevados a cabo por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), recaudaría 8.250 millones de euros más al año si la carga fiscal de las multinacionales fuera equivalente a la que soportan las pequeñas y medianas empresas.

FISCALIDAD «MÁS JUSTA» / El ministro de Economía italiano y presidente del Consejo de ministros de Economía de la UE, Carlo Padovan, aseguró que el acuerdo alcanzado ayer garantiza una fiscalidad corporativa «más justa» entre los Estados miembros a la vez que obliga a los mismos a garantizar un mínimo nivel de protección contra los abusos.

Los ministros, además, han adoptado también la decisión de que los Estados cooperen en el intercambio de información fiscal para todas las clases de rentas. El intercambio será una realidad en enero del 2017.

Para los ministros de Economía de la UE, es «urgente» la necesidad de incrementar la eficiencia de la recaudación de impuestos para evitar el impacto negativo en las arcas públicas. «El intercambio de información constituye un importante instrumento para alcanzar este objetivo», añaden.

No hubo acuerdo, sin embargo, entre los 11 países que se habían fijado como objetivo un acuerdo para gravar las transacciones financieras, más conocido como tasa Tobin. España forma parte del grupo de países junto con Francia, Alemania e Italia.

DESACUERDOS EN LA 'TASA TOBIN'/ El principal escollo que no ha permitido el acuerdo ha sido cómo gravar los productos financieros derivados. Este parón dificulta que se empiece a aplicar en el 2016. Sin embargo, el comisario europeo de Asuntos Monetarios y Financieros, Pierre Moscovici, se mostró convencido de que la tasa a las transacciones financieras sí podrá aplicarse según el calendario previsto. El ministro español de Economía, Luis de Guindos, recalcó la importancia de lograr un acuerdo que permita la puesta en marcha del gravamen y confirmó que hay cuestiones que «siguen abiertas» .

«Seguimos comprometidos colectivamente a trabajar duro y a encontrar soluciones concretas para el primer paso de este impuesto», dijo el ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, durante el debate público celebrado en el seno de la reunión de los ministros de Economía de la UE (Ecofin).

El proyecto de esta tasa involucra a Alemania, Francia, Italia, España, Eslovenia, Austria, Portugal, Eslovaquia, Grecia, Estonia y Bélgica y debería comenzar a aplicarse en una primera fase en enero del 2016. El objetivo de esta iniciativa es reducir las operaciones especulativas y hacer que la banca contribuya de forma equitativa a los ingresos públicos. Bruselas calcula que se recaudarían entre 30.000 y 35.000 millones de euros al año.