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NUEVO CONFLICTO ENTRE ADMINISTRACIONES

El Gobierno reabre la guerra de los horarios comerciales

El Ejecutivo llevará la ley catalana, que se aprobó en febrero, al Tribunal Constitucional

JOSEP M. BERENGUERAS / BARCELONA

La (tensa) calma comercial ha durado nueve meses. Después de medio año de negociaciones y aparente paz, el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido finalmente optar por el enfrentamiento e interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana de horarios comerciales, al considerar que vulnera la legislación estatal al establecer un régimen horario «más restrictivo». El conseller de Empresa i Ocupació, Felip Puig, anunció que convocará de urgencia a las organizaciones patronales y sindicales de comercio para plantear una respuesta «política y jurídica» a lo que consideró «un nuevo ataque central contra el modelo comercial catalán».

«La regulación de la Generalitat vulnera la legislación estatal dictada en la materia al establecer un régimen más restrictivo para la libertad comercial que el contemplado en la normativa básica estatal aplicable en todo el territorio nacional en los siguientes aspectos», argumentó el Consejo de Ministros. Según este, si bien la Generalitat tiene competencia para dictar su normativa autonómica y la ordenación de su comercio interior, debe tener en cuenta los «límites» establecidos en el artículo 149 de la Constitución, que concede al Estado la competencia para dictar normativa básica en la materia.

Por ello, el Gobierno argumenta que la norma catalana, que fue aprobada con los votos de CiU, ERC, ICV-EUiA y PSC, y con el apoyo de asociaciones de comerciantes y sindicatos, es más limitatiba que la estatal, pues fija en 150 metros el límite de metros cuadrados para gozar de libertar horaria cuando la ley española marca 300 metros. También denuncia los criterios para la declaración de municipio turístico, y que los periodos de rebajas no respetan «la regulación básica» (la norma española marca que se podrán realizar durante todo el año).

El secretario general de la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC), Miquel Ángel Fraile, afirmó ayer a este diario que se trata de una decisión «que hay que enmarcarla en el clima político que vivimos», y que llamarán al sector comercial «en su totalidad» a no escuchar la postura que adopte el Tribunal Constitucional y continuar aplicando la normativa catalana.

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