La justicia rechaza suspender la venta de CatalunyaCaixa

La Audiencia Nacional ha rechazado suspender de forma cautelar la venta de la nacionalizada CatalunyaCaixa al BBVA, como le había solicitado la Candidatura d'Unitat Popular (CUP). En un auto del martes que las partes conocieron ayer, los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo desestimaron la petición del partido, le obligaron a pagar las costas del proceso (como es habitual en estos casos) y le dieron cinco días para recurrir su decisión.

Pese a este revés, fuentes de la CUP apuntaron que tienen la intención de seguir adelante con la demanda contra la operación. El pasado 21 de julio, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Ministerio de Economía, decidió vender la entidad catalana al BBVA por 1.187 millones de euros, ya que su oferta superó a las de CaixaBank y el Santander.

La cantidad es muy inferior a los 12.052 millones inyectados en ayudas públicas a CatalunyaCaixa, lo que llevó a la CUP a pedir en septiembre la suspensión cautelar de la venta. «Este recurso tiene como objetivo combatir la impunidad de un agujero de 12.000 millones de euros», explicó entonces su dirigente David Fernández.

La Audiencia Nacional, sin embargo, han rechazado su petición ya que «en principio no aprecia errores» en el proceso de adjudicación mediante subasta del banco. Además, entiende que la CUP «no precisa la existencia de perjuicios concretos que sean de reparación difícil o imposible» si se suspende la venta, frente a unos «perjuicios ciertos» que podría provocar su suspensión por las medidas que pudiera tomar el BBVA o por el propio paso del tiempo.

PERJUICIO PÚBLICO

«El interés público sí puede sufrir perjuicios por la demora, con el deterioro de la situación y las posibles acciones de la entidad adjudicataria, y estas se consideran de mayor intensidad», afirman los magistrados tras recordar que el Estado era el principal accionista de CatalunyaCaixa. El valor de la entidad es «el que da el mercado» y «pretender que el valor venga determinado por la recuperación del dinero público aplicado resulta utópico», concluyen.

Los magistrados también dejan la puerta abierta a analizar más adelante si la CUP está legimitada para oponerse a la operación. Si decidieran que no es así, el procedimiento quedaría archivado.