Cooperativas en evolución

Administrador único, socio inversor, consejero independiente... Son figuras propias de las sociedades anónimas que la Generalitat quiere exportar al cooperativismo para atraer a emprendedores a este formato empresarial centenario. La ley que el pleno del Parlament empezará a discutir la próxima semana pretende abrir el a veces cerrado mundo de las cooperativas con medidas que faciliten su creación y mejoren su rentabilidad.

Entre los cambios más notorios se encuentra la introducción de la figura del administrador único o administradores solidarios para las cooperativas que tengan un máximo de 10 socios. Uno de ellos podrá ser designado administrador único con el fin, según Xavier López, director general de Cooperatives i Economia Social, de «agilizar la gestión de las microcooperativas si los socios así lo quieren».

Precisamente, López, que accedió a la Generalitat procedente del grupo de megacooperativas Clade, hace hincapié, frente a las críticas recibidas, en que una buena parte de los cambios que introduce la nueva ley son de carácter voluntario. Algunas entidades cooperativistas han cargado contra el Govern por impulsar «un modelo más próximo al de las empresas mercantiles o de capital». 

A pesar de ello, el Govern se ofrece a seguir dialogando para pulir algunos aspectos o abandonarlos, como es el caso del administrador único. «No vamos a hacer un caballo de batalla con este y otros puntos si el sector los rechaza», aseguró ayer el director general en un encuentro con periodistas.

Otras novedades avanzan también hacia un modelo híbrido de cooperativa y sociedad anónima, aunque sobre el papel siempre bajo control de la asamblea general de socios. Los consejos rectores, equivalentes al consejo de administración, podrán tener miembros independientes con voz y voto. Asimismo, se crean las figuras de socios temporales, pensadas para empleados eventuales, y la de socio inversor, con una limitación de control del 40%.

Para hacer más atractivas las cooperativas a nuevos emprendedores que en general prefieren darse de alta como autónomos, la Generalitat pretende que el número mínimo de socios baje de tres a dos miembros, un requisito que ya existe en otras comunidades. Además, la obligación de destinar a reservas el 30% del beneficio puede bajar al 10% a partir de ahora si las cooperativas lo aceptan voluntariamente. También bajaría el porcentaje para formación. En esos casos perderían el trato fiscal especial y pasarían a pagar el tipo general de impuesto de sociedades que le corresponde por su tamaño.