Zapatero y Rajoy: tarde, poco y mal

Día 24 de septiembre del 2008. Nueva York. El mundo en pánico: apenas han pasado nueve días desde la quiebra de Lehman Brothers. José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, acude a un acto organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y proclama:«Quizás España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional».

La anécdota, terrible por lo que el tiempo ha demostrado, es toda una metáfora de la actitud que los Ejecutivos españoles, tanto el de Zapatero como el de Mariano Rajoy, han tenido hacia los problemas de la banca española desde que la crisis estalló en el 2007. Siempre han ido por detrás de los acontecimientos y siempre han reaccionado a ellos de forma insuficiente y mal planificada.

El pecado original de los gobiernos es la burbuja inmobiliaria, corazón de los problemas de la banca, que se lanzó de forma desaforada a financiarla. La creó el Ejecutivo popular de José María Aznar y el de Zapatero no se preocupó de pincharla. Eran los días del crecimiento económico superior a la media europea y de los superávits presupuestarios. (Un paréntesis: aquel día del 2008, el presidente socialista aseguró que la renta per cápita española superaría a la francesa en«tres o cuatro años», lo que, no hace falta decirlo, lejos ha estado de suceder...).

El proceso fue paralelo a la pérdida de autoridad del Banco de España por decisión de los Ejecutivos. Empezó Aznar, colocando al frente de la institución a Jaime Caruana, un cumplidor pero gris tecnócrata que palidecía ante la larga sombra de sus predecesores (Mariano Rubio y Luis Ángel Rojo). Y culminó el proceso Zapatero, al dar el poder a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que en un acto sin precedentes modernos dio directamente el salto del Gobierno al supervisor financiero. La crisis, así, alcanzó al Ejecutivo socialista sin una voz ajena lo suficientemente autorizada, experta e independiente como para avisarle de la gravedad de la situación.

El paso del tiempo ha demostrado que el mayor error fue no realizar una inyección masiva de capital (más conocida comomanguerazo) a las entidades inviables, como se estaba realizando en países tan importante como EEUU o el Reino Unido. El entonces presidente de la patronal de las cajas, Juan Ramón Quintás, lo planteó, pero el Gobierno lo descartó, con el respaldo de la asociación de los bancos, la AEB.

Desde entonces, la banca ha sido objeto de un incesante goteo de reformas financieras. En los días en que Zapatero llamaba a la crisis«turbulencias financieras», el Gobierno aprobó inyecciones de liquidez al sector porque se entendía que su único problema era el cierre de los mercados.

La realidad obligó después a crear el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) dotado con dinero público que se condicionó a las fusiones. Pero las trabas autonómicas dieron lugar a uniones desastrosas. El Ejecutivo reformó la ley de órganos rectores de las cajas para restar poder a las comunidades cuando ya era tarde. Luego elevó los requisitos de capital, lo que se demostró ineficaz ya que el miedo del mercado se centra en la calidad de los activos. Rajoy prometió arreglarlo con el saneamiento forzado de los mismos que decreto en febrero. Una reforma que tuvo que enmendar hace unos días con el enésimo plan definitivo para la banca.