El Gobierno exige provisiones por 30.000 millones a la banca para cubrir los créditos teóricamente sanos del sector promotor

Acudir al banco malo no será voluntario. Todas las entidades financieras tendrán que segregar sus activos adjudicados a las nuevas sociedades de gestión --bancos malos-- que se encargarán de su venta, según ha aprobado el Consejo de Ministros en la sesión de hoy. Hasta ahora se presumía que solo aquellas entidades que lo consideraran aportuno trasladarían esos activos. Los inmuebles se transferirán a valor contable menos las provisiones ya realizadas, tanto las que se determinaron a partir del decreto de febrero, que cubríen los créditos tóxicos, más las nuevas provisiones aprobadas hoy.

Según ha explicado el ministro de Economía,Luis de Guindos, los activos totales que deben provisionase ascienden a 123.000 millones, según la valoración que realiza el Ministerio, Esos activos ya tenía una provisión realizada del 7%, que ahora se incrementan hasta el 30%, lo que supone un volumen de entre 28.000 y 30.000 millones de euros que deberán cubrir los bancos con sus beneficios. Si al hacerlo, incurren en pérdidas,el Estado inyectará dinero público o podrá realizar un préstamo en forma de convertibles contingentes (cocos) con un interés del 10%, que las entidades tendrán que devolver en el plazo de cinco años.

Provisiones

Una vez realizadas las provisiones, que se aplicarán en diferentes tramos, desde el 14% hasta el 45%, según de qué tipo de activos se trate, el sector financiero habrá provisionado el 45% de los activos relacionados con el ladrillo. La cifra total de provisiones será de 137.000 millones de euros sobre un total de 310.000 millones de activos inmobiliarios, lo que para el Ejecutivo supone garantizar la solvencia del sector financiero español.

El Gobierno, además, ha encargado a dos consultores independientes --previsiblemente Blackrok y Oliver Wyman, aunque De guindos afirma que aún no han sido designados-- la tasación de todos los activos inmobiliarios del sector financiero, tanto los tóxicos como los no tóxicos. Se trata, según De Guindos, de mostrar con transparencia la situación real del sector financiero. Los socios europeos de España han exigido al Gobierno que realice esa tasación y los haga mediante tasadores independientes.