CRISIS DE UNA ESTACIÓN DE ESQUÍ
Boí Taüll presenta un concurso con 40 millones de pasivo
cuarenta millones de euros. Este es el pasivo de Promocions Turístiques de la Vall, la empresa del grupo inmobiliario Nozar propietaria de la estación de esquí leridana de Boí Taüll. Ha presentado un expediente concursal voluntario en el Juzgado mercantil 5 de Barcelona en el que acredita un activo de 62 millones y señala que la deuda está muy repartida entre los bancos con los que ya en enero intentó negociar planteando cambiar deuda por acciones. Debe seis millones al ICF.
El expediente entró en el juzgado el día 4, solo 48 horas después de que la empresa anunciar un expediente de regulación de empleo para 90 trabajadores que aplicará entre el 1 de mayo y el 31 de octubre. Afectará a 17 trabajadores de la estación, a nueve de la central de reservas de Barcelona y a 64 del servicio de hostelería.
Boí Taüll se libró del efecto dominó que atrapó hace tres años a otras empresas cuando el grupo Nozar presentó concurso en el 2009, pero no ha podido superar la indigesta crisis del ladrillo.
La que ha sido la dirección hasta ayer confía en la continuidad de Boí Taüll.«Tiene futuro. Lo que no puede soportar la estación es una deuda financiera inmobiliaria que lleva arrastrando en los últimos ocho años y que con los resultados de explotación es imposible pararla», aseguraba ayer uno de sus máximos responsables. Y dijo más:«Creo que tiene un futuro espléndido en el sentido de que es un proyecto singular, que está en una ubicación singular, con una estación de esquí que es la más alta del Pirineo y con posibilidades de conseguir una ampliación», agregó.
Para el territorio, sin ser una sorpresa, el expediente concursal ha caído como un jarro de agua fría. El alcalde de Vall de Boí, Joan Perelada, señalaba ayer que no puede imaginarse un invierno sin esquí en Boí Taüll, de la que dependen más de 400 empleos en la Alta Ribagorça.«Sería catastrófico, por los empleos y la actividad que genera en el territorio y fuera de él, preocupa incluso en la gasolinera de Alfarràs (Segrià)», contó ayer.
A la espera del nombramiento de los administradores judiciales, Perelada coincide con el delegado de la Generalitat en el Pirineo y Aran, Albert Alins, en que es momento de espera en el que la Generalitat ha de ser prudente.
La semana pasada Alins ya advirtió de que no era intención del Govern asumir la gestión del complejo, como había hecho anteriormente con las estaciones de Port Ainé y Espot (Pallars Sobirà).
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