Ajuste en la función pública catalana

El Govern aprobará los recortes sin ningún acuerdo con los sindicatos

SALVADOR SABRIÀ
BARCELONA

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Habrá recortes, y duros, en la administración pública catalana en el 2012 y se aplicarán sin ningún acuerdo con los sindicatos. Tras siete reuniones de la mesa general de negociación del empleado público, trufadas con el anuncio del Govern de aplazar parte del pago de la nómina de diciembre y de la paga extra de Navidad a los funcionarios y a los proveedores, ayer los representantes de los trabajadores presentaron un texto de rechazo y se levantaron de la mesa sin haber llegado a ningún acuerdo, ni global, ni parcial.

Los sindicalistas acusan al Govern de convertir la negociación en «teatro, farsa y pantomima», y actuar en todo momento sin ninguna voluntad real de acuerdo. El Govern acusó a los sindicatos de haber perdido una oportunidad de consensuar medidas y dio por finalizado el trámite de negociaciones.

Las centrales intentarán frenar los recortes con movilizaciones en la calle y contactos con los partidos para modificar las propuestas del Govern durante la tramitación parlamentaria de los Presupuestos. CCOO, UGT e IAC han convocado una concentración de delegados sindicales el próximo martes en la plaça Sant Jaume, coincidiendo con la aprobación del proyecto de Presupuestos por parte del Govern, y una manifestación de trabajadores públicos el próximo miércoles por la tarde ante el Parlament .

SALARIO/ El Govern pretende ahorrar con su plan de ajuste de la función pública 625 millones de euros en el 2012. La medida que aportará más reducción de gasto (300 millones) es la rebaja parcial de las pagas extras de junio y diciembre a todo el personal que depende de la Generalitat, equivalente a una reducción salarial del 3% solo con esta acción. El programa incluye la reducción de un tercio de jornada y sueldo de 8.000 empleados interinos (los que no ocupan servicios esenciales del total de 28.700 ).

Otra medida de envergadura es que no se aprobará ninguna nueva oferta de ocupación pública, incluida la promoción de Mossos d'Esquadra, y se suspende también la ejecución de las ofertas públicas aprobadas y no convocadas.

El programa incluye la suspensión durante el 2012 de varios complementos, como el de productividad que cobran los funcionarios y otro de similar, la dirección por objetivos (DPO), que cobra personal del ICS. También se suspende el sistema de ayudas para comedor, se eliminan tres días de asuntos personales, se limitan las horas extraordinarias y se abre la posibilidad de denegar la ampliación de la vida laboral más allá de los 65 años. A los sindicatos se les suprimen las subvenciones y pactos que les permitían disponer de más horas sindicales de las que marca como básicas la normativa. Afecta a un centenar de delegados.

POSIBILIDAD LEGAL/ El Govern está obligado a intentar negociar con los trabajadores públicos el cambio de sus condiciones laborales, pero la ley le permite también variar el cumplimiento de los acuerdos «excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas», como es el caso. El plan no podrá aplicarse hasta que entre en vigor el nuevo presupuesto y no tendrá efectos retroactivos. Respecto al retraso del pago de las nóminas, los trabajadores tienen derecho a reclamar intereses de demora.