¿Tele pública o privada?

No es seguro que el Gobierno se esté planteando abrir puertas a la gestión privada de las teles públicas, estatales o autonómicas. Lo que sí es seguro es que si, de pronto, decide hacerlo, ya tiene al menos una hoja de ruta guardada en el cajón.

Por encargo del propio Gobierno, el Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP) elaboró el año pasado un informe en el que estudia la cuestión, analiza la experiencia de países vecinos y plantea recomendaciones sobre cómo separar lo que se debe entender o no por servicio público y cómo valorarlo en un concurso.

«Podríamos empezar planteando si sigue estando justificado la provisión de un servicio público, en qué consistiría dicho servicio, si la única forma de suministrarlo es a través de la existencia de una entidad pública, la forma en que se defina y cuantifica dicho servicio, la forma de financiarlo o la manera de controlar que efectivamente las actividades realizadas por la entidad a la que ha asignado la cobertura del servicio público desarrolle, efectiva y eficientemente, las tareas encomendadas». Así sitúa el CCP la problemática de las televisiones públicas en el informe confidencial remitido al Gobierno.

Del contenido del informe tan sólo se ha hecho público el resumen incluido en la memoria de actividades del organismo consultivo correspondiente al 2009. Ahí se subraya «la conveniencia de profundizar en la definición de qué actividades se podrían englobar dentro del servicio público y cuáles no». También se apunta la necesidad de «realizar una cuantificación exacta de las compensaciones por la prestación del servicio público y mejorar los sistemas de supervisión y control externo». A estas cuestiones se refieren sus recomendaciones al Gobierno. El debate sobre la privatización de las teles públicas ha sido revitalizado ahora por el PP con la presentación, el 12 de noviembre, de una proposición de ley para que Estado y autonomías puedan decidir la explotación de canales «por empresas privadas en régimen de gestión indirecta, mediante licencia otorgada por concurso público».

El PP toma la iniciativa

La iniciativa fue rechazada por el grupo socialista. «La crisis económica y los necesarios recortes del gasto público aconsejan dar libertad a las comunidades autónomas sobre la gestión, directa o indirecta, del servicio público de televisión con el fin de optimizar su gestión», apunta el PP.

La iniciativa había sido perfilada semanas antes en un almuerzo de trabajo entre Mariano Rajoy y los barones autonómicos en la sede central del partido. No obstante, la defensa de la entrada de capital privado en las televisiones autonómicas es atribuible, en origen, a Alberto Ruiz-Gallardón, que ya abogaba por esta vía de conseguir financiación extra cuando era presidente de la comunidad de Madrid. Su sucesora, Esperanza Aguirre, recogió la propuesta y la ha planteado en numerosas ocasiones, dados los gastos que acarrea Telemadrid y los conflictos con su personal.