Barones socialistas se descuelgan

La resignación con la que reaccionaron los dirigentes del PSOE cuando se conocieron las nuevas medidas de ajuste se tornó ayer en duras críticas de algunos barones regionales que han visto invalidado en parte su discurso social de cara a elecciones autonómicas y municipales de mayo. El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, el más explícito, afirmó que los 426 euros «se deben mantener», porque son una ayuda fundamental para las familias que tienen a todos sus miembros en paro y no «un impedimento» a su entrada en el mercado de trabajo como se ha dicho.

Tomás Gómez, el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, que hará frente a Esperanza Aguirre, criticó las medidas de un modo más indirecto. Al ser preguntado al respecto respondió: «soy partidario de que no se rompa la cohesión social». Y respecto al nuevo modelo aeroportuario destacó que no le gusta «ninguna privatización». Su posición es fácil de entender. Buena parte de su campaña contra Aguirre se ceba en el vendaval privatizador impulsado por esta.

La crítica interna más dura la formuló el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y exministro de Felipe González, Jerónimo Saavedra. «La retirada de los 426 euros me repugna por muy socialista que sea el presidente del Gobierno. A mí me duele que se defienda que el AVE va a llegar a donde sea el año 12 o 14 y que, al mismo tiempo, se anuncie que se suprimen las prestaciones para los desempleados», aseguró quien también fue presidente de Canarias.

Rechazo del PP, ERC e IU

Entre el resto de los partidos, las críticas fueron generalizadas. El PP cargó contra el aumento del precio del tabaco y el recorte del subsidio a los parados. Su portavoz económico, Cristobal Montoro, explicó que su partido está «contra cualquier tipo de subida de impuestos en la actual conyuntura económica» y recordó que su grupo parlamentario reclamó en el Congreso la prórroga de los 426 euros «ante la situación angustiosa y de extrema debilidad que sufren muchas familias».

El portavoz de ERC en la Cámara baja, Joan Ridao, lamentó que el Gobierno haya «lanzado un poco más de carnaza» a los mercados a costa de «las capas más desfavorecidas de la población». Cayo Lara, coordinador federal de Izquirda Unida (IU), calificó las medidas de «asesinato económico».