Economía aconseja a las autonomías aplicar techos de gasto

Cambiar la legislación estatal para imponer a cada comunidad autónoma un techo de gasto presupuestario, tal como plantea el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, «no cabe en la Constitución», dijo ayer la vicepresidenta económica, Elena Salgado. «Cuestión distinta es que, igual que el techo de gasto ha demostrado ser una herramienta útil para la reducción del déficit público del Estado, también pueda serlo para las comunidades autónomas», añadió. «Seguramente tendrán que avanzar en ese camino, pero tendrán que hacerlo por ellas mismas, porque el Gobierno no tiene competencia para imponerlo», remató.

Durante un encuentro informativo organizado porCinco Días, Salgado rechazó la propuesta del líder del PP, Mariano Rajoy, de «actualizar» las competencias de las autonomías para evitar que «se solapen los ámbitos de decisión» entre administraciones. El presidente del Banco Santander, Emilio Botín coincidió con Rajoy en que la superposición de competencias provoca «ineficiencias, barreras y distorsiones» al crecimiento. Pero Salgado rechazó ayer tales planteamientos. «No tendríamos ni tan siquiera que decirlo», dijo antes de admitir que siempre se puede mejorar el funcionamiento en todos los niveles de la administración.

La ministra también tuvo palabras para la petición del alcalde Barcelona, Jordi Hereu, de dar un mejor trato en la financiación a los ayuntamientos que «hacen los deberes» en el control de sus cuentas. «El cumplimiento tiene en sí mismo la recompensa», despachó la ministra, «si tratar mejor es gastar más, creo que no sería una buena opción».

SECTOR INMOBILIARIO / Salgado se mostró optimista sobre la disolución del estoc de vivienda nueva sin vender en España que tapona la reactivación del sector inmobiliario. Según dijo, el estoc dejó de crecer en el primer semestre de este año por primera vez desde principios del 2006 y en el 2011 ser producirá «una absorción del 20%». La bolsa de viviendas nuevas sin vender se situó en los 688.044 inmuebles al cierre de 2009, según el Gobierno, con lo que la absorción del 20% situaría este excedente en torno a las 550.000 viviendas.