La antigua Proinosa, vinculada al 'caso Pretoria', suspende pagos

Los sectores de la construcción e inmobiliario continúan en plena crisis y las cifras de empresas que se acogen al concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) para intentar evitar el cierre sigue en aumento. La última destacada ha sido Altiare, la empresa continuadora de Proinosa, que cambió de nombre y de finalidades tras su vinculación con el caso Pretoria.

Es un ejemplo más de los profundos cambios que está sufriendo este sector, desde el punto de vista empresarial, tras el final del boom inmobiliario. Las dificultades que ha comportado el difícil acceso al crédito para refinanciar unos niveles de deuda muy elevadosse han unido a una drástica caída de ingresos por la parada de las ventas de viviendas y de contratos de obra pública. La suspensión de pagos se suma a los casos precedentes de Habitat, Fbex, o el más reciente de Sacresa. Algunas de ellas, como Habitat, han logrado un acuerdo con los acreedores y ya han levantado el concurso.

DIRECTIVO ENCAUSADO / En el caso de Altiare, a los problemas del sector se añade un aspecto muy peculiar: la vinculación de su principal accionista, Josep Singla, con el caso Pretoria. El constructor fue una de las cinco personas encarceladas durante varios meses por orden del juez Garzón a raíz de las investigaciones por un posible caso de tráfico de influencias en el sector inmobiliario. Los presuntos delitos están vinculados a la adjudicación de obras públicas en Santa Coloma de Gramenet, cuando lo presidía Bartomeu Muñoz, hace casi un año.

Los directivos de Proinosa han intentado desvincular la actividad de la empresa del proceso judicial, pero los efectos sobre la cartera de pedidos han sido muy negativos.

La firma cambió de nombre el pasado abril, para pasar a llamarse Altiare. El pasado 24 de junio presentó un expediente de regulación de empleo que afectó a 76 trabajadores. La plantilla actual es de 184 empleados y está ejecutando 25 obras de tipo muy variado, como el edificio de Iberdrola en la Zona Franca, un teatro en Lloret de Mar o la urbanización de parte de la Ronda General Mitre en Barcelona. Curiosamente, en Santa Coloma no tiene actualmente ninguna obra en curso, aunque en un momento dado fue un destacado proveedor de Gramepark, la empresa pública dedicada la gestión de las obras municipales en esa localidad.

La empresa argumenta que se ha visto obligada a presentar el concurso «debido a factores externos a la compañía», entre los que cita la restricción crediticia y los retrasos en los cobros tanto de clientes privados como públicos. El pasivo del concurso de acreedores alcanza los 97 millones de euros, con un activo de 128 millones. El 2009 facturó 174 millones. El grueso de los acreedores está compuesto por los proveedores, 1.236 según la empresa, que copan el 58% de la deuda. Del resto, un 14% corresponde a los bancos, un 13% a Hacienda, otro 15% aproximadamente a otros acreedores relacionados con unas obras en Llavaneres.