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Dependencia

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JOAQUÍN Romero

Este país nuestro es la coña. Y perdonen la expresión. Nos hemos pasado casi un año explicando a bombo y platillo las grandes ventajas de la ley de dependencia, con lo que hemos generado una expectativa de imposible satisfacción. Es verdad que fue Jesús Caldera desde el Ministerio de Trabajo el gran propagandista, pero también lo es que tratándose como era de una gran novedad, y muy positiva para los colectivos de población menos favorecidos, todos los medios de comunicación contribuimos concienzudamente a su expansión.

Ahora, cuando la norma empieza a aplicarse con una lentitud exasperante, por cierto, no somos capaces de rectificar y explicar que en materia de ayudas económicas el primer objetivo de la nueva ley es coordinar las ya existentes, bien correspondan a la Administración central, la autonómica o la local; y también aportar otras para compensar a las personas que lo necesiten. En lugar de hacer eso, nos dedicamos a poner títulos como Gran decepción: 23.000 grandes discapacitados catalanes aún esperan las ayudas.

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Nuestro Estado del bienestar es muy reciente, mucho más que en el resto de los países europeos. Hasta hace 40 años una gran parte de las empresas no cotizaban a la Seguridad Social; el impuesto sobre la renta que conocemos nació a finales de la década de los 70; fruto de la dictadura y del aislamiento del país, el concepto de delito fiscal no ha existido hasta hace apenas unos años.

Por eso precisamente, porque los recursos públicos no son tan importantes como en otros Estados y porque desde el ministerio se generaron falsas expectativas deberíamos contribuir, al menos ahora, ya que antes no supimos hacerlo, a que se entienda bien que las nuevas aportaciones se tienen que compatibilizar con las que ya perciben las personas en esas situaciones y que es imposible que una ley solucione la vida de los colectivos en apuros, excepto en casos muy críticos.