Medina Cantalejo, jefe de los árbitros, sobre el caso Negreira: "Es una vergüenza"

El secretario general de la RFEF, Andreu Camps, ha desvelado este jueves que un árbitro se ha negado a atender a las solicitudes de información del departamento de Integridad federativo para esclarecer el caso Negreira.

"Todos los árbitros, asistentes, delegados e informadores han contribuido a la investigación interna, menos uno, pese a que se le requirió por escrito que lo hiciera en los dos plazos que se le concedieron. Se está estudiando cómo proceder en esta situación en la que un árbitro no ha contribuido a lo solicitado", ha asegurado el número dos de Luis Rubiales.

Camps no ha desvelado el nombre del árbitro en cuestión, en una comparecencia en la que ha estado acompañado del presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, y a la que han acudido numerosos árbitros actuales y ya retirados, que han leído un manifiesto conjunto de repulsa, en la línea de lo adelantado por este diario el martes. Luis Rubiales no ha estado presente al encontrarse fuera de Europa.

Sobre la honorabilidad

Medina ha defendido la honorabilidad de los árbitros presentes y pasados. "No hay ninguna evidencia, ni prueba que pueda decir que un árbitro es deshonesto", ha reivindicado, asegurando que pone "la mano en el fuego" por todo el estamento, también por quien fuera jefe de Enríquez Negreira, Victoriano Sánchez Arminio, sobre quien asegura que está "muy afectado" y que se ha sumado al comunicado conjunto leído por Sánchez Martínez en representación de los colegiados. “Lo que ha pasado es una vergüenza que hay que limpiar con trabajo. Vamos a luchar para que todo el mundo quede en su sitio”

Tampoco ha asistido Xavier Estrada Fernández, colegiado que se desmarcó de sus compañeros al presentar una querella personal contra José María Enríquez Negreira. El colegiado catalán no ha sido designado como colegiado VAR para ningún encuentro de este fin de semana para ejercer sus habituales funciones de VAR, pese a que lo hace en prácticamente todas las jornadas.

Medina Cantalejo ha concedido normalidad a esa circunstancia, pese a que no la tiene, y ha eludido confirmar si Estrada es el árbitro que se negó a facilitar información al departamento de Integridad de la RFEF. Ha denunciado, no obstante, que en el estamento arbitral hay un "traidor" que ha filtrado a la prensa documentos y comunicaciones internas del CTA.

Responsabilidades gubernamentales

Camps, tras detallar los pasos dados por la RFEF durante esos dos semanas del estallido del conflicto, ha afirmado también que su investigación interna revela que "alguien que tuvo responsabilidades gubernamentales" pudo tener conocimiento del acuerdo entre el Barça y Negreira, y que están estudiando si, de confirmarse esta circunstancia, podría denunciarse "algún tipo de responsabilidad".

Preguntado específicamente por Albert Soler, quien tuvo responsabilidades ejecutivas en el Barça y el CSD en diferente etapas (y hasta hace apenas unos meses en el organismo gubernamental), Camps ha rehusado entrar en nombres propios.

El secretario general de la RFEF también ha destacado que Enríquez Negreira, como el resto de responsables del CTA, fueron destituidos el mismo día en que Rubiales fue designado presidente. Asimismo, ha apuntado que el exvicepresidente de los árbitros envió tres burofaxes solicitando su reincorporación o una compensación económica y que la RFEF no contestó a ninguna de esas comunicaciones.

A disposición de la fiscalía

Camps también ha reiterado que la RFEF se ha dirigido a la Fiscalía para colaborar en cuanto sea necesario para esclarecer el caso. También ha reconocido que, al menos desde 1999, hubo facturas emitidas a empresas de Enríquez Negreira y de su hijo, que desempeñó algunas funciones en la selección absoluta y, en menor medida, en el CTA, siempre previas a 2018, año de la llegada de Rubiales al cargo.

El Caso Negreira investiga los pagos del FC Barcelona a Enríquez Negreira durante casi 20 años, por supuestos servicios de asesoramiento arbitral. El caso parte de una inspección fiscal por un contrato de 1,4 millones de euros entre 2016 y 2018, que motivó una investigación de la Fiscalía de Barcelona, desvelada por la Cadena Ser.

Posteriormente, informaciones periodísticas han ido desvelando que existen contratos entre las partes desde al menos 2001 y que quien era ex vicepresidente del CTA recibió por ello una cantidad no inferior a los siete millones de euros.