Las árbitras insisten en su plante: "¿Cuánto vale la dignidad de una mujer deportista?"

Vestidas de calle, sin la ropa oficial del Comité Técnico de Árbitros, y ante un auditorio en el que estaban presentes árbitros de LaLiga y el propio presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF, las colegiadas de la Liga Femenina de Fútbol se han reafirmado en su decisión de no pitar ningún partido hasta alcanzar un acuerdo que les garantice un contrato profesional.

"¿Cuánto vale la dignidad de una mujer deportista?", se ha preguntado la asistente Guadalupe Porras, portavoz de sus compañeras junto a las colegiadas Marta Huerta y Marta Frías, acompañadas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas de Yolanda Parga, la responsable de fútbol femenino del CTA. Un colectivo que ha tomado la "decisión unánime" de no acudir a ningún campo de la Liga F mientras no haya un acuerdo.

La huelga de las árbitras no paraliza la actividad de los clubs

Su decisión, adoptada definitivamente el viernes, conllevó la suspensión forzosa de los ocho partidos de la primera jornada de la primera Liga profesional de fútbol femenino de España. "Nosotras no hemos frenado el fútbol, somos las primeras que queremos arbitrar, pero no puede ser que seamos el único estamento no profesional en una liga profesional", han reivindicado.

Las árbitras han culpado a la Liga F y en particular a su presidenta, Beatriz Álvarez Mesa, de esta situación. Una Liga F, por cierto, que esta mañana ha denunciado a las propias colegiadas vía correo electrónico a la RFEF, según ha explicado Parga durante su intervención.

Meses de conflicto

La liebre se levantó hace apenas diez días, cuando el CTA acogió una rueda de prensa sobre el inicio de la competición femenina. En ese acto, Guadalupe Porras lanzó una advertencia a la que en ese momento nadie hizo demasiado caso: "Si queremos una liga profesional, es importante que las árbitras tengan contrato. Somos el único estamento que no lo tiene. Si queremos seguir evolucionando, es fundamental que las árbitras dispongan de ese contrato".

Para entonces, según el relato explicado este lunes, ya se habían celebrado varias reuniones sin acuerdo alguno. La primera tiene lugar el 27 de junio y en ella la Liga F propone mantener la remuneración de la temporada pasada, cuando la liga aún no era profesional, de 3.300 euros por partido. En esa cuantía se incluyen la remuneración de árbitra, asistentes, cuarta árbitra e informador, además de los gastos derivados en materia de desplazamientos, pernoctaciones o dietas y los estructurales del colectivo: formación, ropa, otros empleados no árbitros...

Las árbitras, representadas por la RFEF en la negociación, rechazan la propuesta, que la Liga F repite en los mismo términos tres semanas después, el 15 de julio. La propuesta federativa, de la que no se han ofrecido detalles demasiado concretos, es alcanzar de manera progresiva los 21.000 euros por encuentro (unos cinco millones en total) en un horizonte a cinco temporadas.

El plante

El siguiente episodio llegó el pasado jueves, cuando el propio CTA emitió un comunicado de las árbitras y asistentes de la Liga F, anunciando su "decisión unánime de no dirigir ningún encuentro del Campeonato Nacional de la Primera División en las condiciones actuales de indefinición de nuestra situación laboral y económica".

En ese mismo comunicado, las colegiadas remarcaban su necesidad de "tener unas condiciones laborales mínimas asimilables a las del estamento arbitral de la competición profesional masculina, lo que implica poder disponer de unas condiciones laborales que nos permitan dedicar el tiempo necesario imprescindible que requiere estar en una competición profesional".

Horas después, el Gobierno comunica que José Manuel Franco "ha hecho saber al colectivo de árbitras que, evidentemente, van a contar con todo el respaldo del CSD para mejorar sus condiciones actuales, aumentar su salario y ser reconocidas profesionalmente". Una llamada a la tregua que no funcionó.

La propuesta de la Liga F se mantiene en esos 3.300 euros por partido, proponiendo que el importe íntegro de esa cuantía vaya a las árbitras, negociando con la RFEF al margen el pago del resto de costes. Esa fórmula no convence ni a la RFEF ni a las propias afectadas. "No van a pitar hasta que no haya un acuerdo", respondían desde el entorno de las árbitras horas antes del arranque de la Liga F. Y, en efecto, mantuvieron el órdago.

El papel del CSD

El mismo viernes se mantuvieron contactos, impulsados por el CSD, para desencallar la situación y en ellos la RFEF hace "una propuesta de mínimos", que tampoco fue detallada. La referencia más concreta la ha dado Porras, al cifrar sus reivindicaciones en un salario anual que sea "la sexta parte que el de Primera y la tercera parte que el de Segunda". Es decir, unos 50.000 euros brutos al año.

"Estamos aquí reivindicando nuestros derechos. Ahora mismo, si me lesiono o si me pongo enfermo no cobro, porque no tengo un contrato", han defendido las árbitras, que dicen contar con el apoyo de jugadoras, clubes, árbitros de LaLiga, UEFA, FIFA y de Pierluigi Collina, miembro del Comité de Árbitros de la UEFA.

Las colegiadas también han rechazado la propuesta de negociar ellas directamente con la Liga F, dado que sería "ilegal" y podrían ser "inhabilitadas" por ello, dado que dependen del CTA. En todo caso, se han preguntado: "Aunque no fuera ilegal, ¿cómo nos vamos a sentar a negociar con alguien que nos ha denunciado y que lleva toda la semana amenazándonos?".

Todo este desencuentro ha derivado en una imagen pésima de la competición, que se estrenó con los clubes compareciendo en los partidos y teniendo que irse a casa sin jugar, ante la ausencia de árbitras que dirigieran el encuentro. Las colegiadas afectadas tampoco arbitrarán esta semana en la Copa de la Reina, en un conflicto que no parece de fácil ni de inmediata solución.