JAQUE AL EXPRESIDENTE
Bartomeu guardaba en su casa contratos con las empresas del 'Barçagate'
En el registro la policía halló informes confidenciales y sobre el 'hackeo' de cuentas en Twitter
La 'excompliance' del club solicitó información sobre una empresa del expresidente y Masferrer

Un policia, a las puertas de las oficinas del Barça. /
Josep Maria Bartomeu guardaba en su domicilio particular de la avenida Via Augusta de Barcelona los contratos de prestación de servicios entre el club y las empresas que se encargaron de controlar las redes sociales y crear cuentas para difamar a jugadores y opositores de la anterior junta directiva de la entidad azulgrana. Así lo detalla el acta de la entrada y registro de la residencia del expresidente incluida en las diligencias judiciales sobre el presunto caso de corrupción entre particulares y administración desleal, el 'Barçagate', a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
Los Mossos se personaron a las 8.30 horas del pasado lunes 1 de marzo en la vivienda de Bartomeu. Los agentes le confiscaron dos móviles, que serán analizados, dos 'pen drives', un ordenador, pero también carpetas con documentos, algunos de ellos catalogados de confidenciales, así como contratos entre el club y las empresas investigadas I3Venture, NSG Chile, Coyote Express, entre otras. La policía, además, encontró un dosier con anotaciones manuscritas y un “informe privado y confidencial” sobre PwC, la compañía que realizó la auditoría interna, y una carpeta con la leyenda “hackeig Comptes Twitter 15/02/2020”. Es decir, sobre el 'hackeo' de las cuentas en esa red social.
Empresas de directivos y facturación
En las diligencias judiciales aparece, además, que Noelia Romero, jefa de ‘compliance’ de la entidad y que en junio fue despedida, pidió un listado de la facturación del club con empresas relacionadas con algunos directivos. Entre ellas Tapas de pizza, en la que según revela el sumario Jaume Masferrer y Bartomeu son socios. La respuesta que tuvo del clubes es que "no lo tenemos como proveedor". Sí que había facturas a nombre de Confidence & Communication, a través de la que Masferrer facturaba sus servicios prestados hasta que pasó a ser asalariado del club en octubre de 2018.Cobraba 10.000 euros al mes, repartidos en dos facturas mensuales. La factura más elevada fue de 25.000 más IVA (30.250) y es del 27 de noviembre del 2017. La misma fecha en la que firman los contratos con I3 Ventures, por lo que según la investigación policial "podría ser una prima por llevar al nuevo proveedor".
Las presiones a la empleada
El informe policial señala que Bartomeu intentó obstaculizar la investigación interna de Romero. "Te ruego me informes inmediatamente de la existencia o no de una investigación por tu parte de la monitorización de las redes y si lo estás haciendo cuál es su objetivo", le escribió en un email. El informe interpreta el "enojo" que el expresidente muestra en el correo electrónico como una "presión a la independencia" de la 'compliance'.
Unos días antes de su despido, Romero comunicó a la junta directiva del Barça y a los órganos de control de la entidad el resultado de sus pesquisas que concretaban las irregularidades entre los contratos entre el Barça y la empresa I3 Ventures para la monitorización digital de las redes sociales y que, según la teoría de los Mossos, sirvieron también para crear cuentas para difamar a jugadores y oponentes a Bartomeu. En su informe, acusaba al área de Presidencia de contratar servicios de “dudosa calidad y poca incidencia” a firmas “de cuestionable reputación”, saltándose la normativa interna. Todos los directivos del Barça que llegaron al final del mandato de Bartomeu vieron el informe.
Te puede interesarLas presiones y el despido originaron que la empleada colaborara con la investigación y entregara a los Mossos 17.000 correos y más de 306.000 archivos de su portátil. Esto fue la espoleta que provocó el lunes la policía practicara cinco registros, uno de ellos en la sede del Barça, y procediera a la detención de Bartomeu, su mano derecha, Jaume Masferrer, el CEO del club, Oscar Grau, y el jefe del departamento jurídico, Román Gómez Ponti.
Los Mossos consideran que “se ha podido establecer una relación innegable” entre las hasta ocho sociedades que fueron contratadas para controlar las redes sociales, a pesar que algunas personas del club defienden su independencia. “La similitud de contratos, relaciones societarias y personales, similitudes de informes entregados y muchos otros extremos así lo avalan”, detalla la policía en sus informes. En su opinión, era un “intento de burlar” del sistema de aprobación de contratos establecidos por la junta directiva del Barça. Tanto los agentes como el juzgado continúan siguiendo el rastro del dinero desembolsado por la entidad.
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