Tarragona 2017, al borde del aplazamiento

Tarragona 2017... si consigue a tiempo los 12 millones de euros que le faltan, como mínimo, en sus cuentas. Si no, puede que sea en el 2018 o incluso más tarde. Se decidirá este viernes en una asamblea ordinaria del Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos (CIJM) que se celebra en Orán (Argelia). A menos de ocho meses de los Juegos Mediterráneos programados del 30 de junio al 9 de julio del año que viene, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, puso sobre la mesa este probable aplazamiento en el foro ED16 organizado por el diario As en Madrid.

De momento, el alcalde de Tarragona y presidente del comité organizador, Josep Fèlix Ballesteros, guarda silencio. Se remite a un comunicado consensuado con Blanco en el que admiten que «no hay absolutas garantías de contar con la financiación necesaria», pero que «buscaremos la mejor solución en función del escenario actual».

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Es el último sobresalto de unos Juegos que han topado con el parón gubernamental más largo en la democracia española. Pero no ha sido un susto repentino. A principios de octubre, el coordinador de los Juegos, Javier Villamayor, ya avisaba de que no tener ejecutivo significaba parar demasiadas decisiones a contra reloj y ya se planteó un cambio de fechas.

El pasado mes de junio, otra vez el COE hurgó en la llaga de la falta de dinero. Su secretario general, Víctor Sánchez, avisó que la «situación es seria, grave y amenaza la celebración de los Juegos». También confirmó que faltaban –y siguen faltando, cuatro meses después– nueve millones de euros del presupuesto operativo. Es el dinero que alimenta la maquinaria olímpica, desde la comida que se sirve a los sueldos de los árbitros. El tope es una horquilla de entre 20 y 25 millones de euros, según las cuentas de Villamayor. Ya se renunció a una Villa Olímpica para ahorrar y los atletas se alojarán en hoteles de Port Aventura, lo que incrementa la partida de transporte y de seguridad. Aparte, quedan pendientes 3 millones de euros más para la piscina olímpica, que ahora solo existe en papel y que debe construirse en la llamada Anilla Mediterránea, el epicentro de los juegos en el barrio de Campclar que se halla al 40% de su ejecución.

LOS ‘JUEGOS DEL HAMBRE’

En ese primer toque serio de alerta dado en junio, el propio Blanco rectificó al secretario y calificó de «escándalo» que Tarragona 2017 no llegara a celebrarse. El alcalde anunció su plena confianza en que el Estado asumiría sus compromisos, pero advirtió que si no llegaban como máximo este pasado mes de  octubre, no descartaba la medida drástica de suspenderlos. Otra vez el COE ha lanzado el torpedo, pero de  momento, el equipo de Gobierno de Tarragona (PSC-PP-Unió) guarda silencio y se remite al comunicado.

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La oposición sí se ha pronunciado. La CUP, siempre contraria a lo que denominan 'Los Juegos del Hambre', ha pedido al COE por escrito en varios idiomas que los anulen directamente en vez de suspenderlos y Laia Estrada, su portavoz, reclama «que sean valientes». También la portavoz de Iniciativa, Arga Sentís, aboga por la suspensión porque «no tienen sentido». Por su parte, el portavoz de Ciutadans, Rubén Viñuales, lamenta «la mala imagen que proyecta la ciudad a nivel internacional»; el nacionalista Albert Abelló la tacha de «esperpéntica» y el republicano Pau Ricomà de «lamentable». Los tres coinciden en pedir que, si se aplazan los Juegos, el Estado pague el incremento de gastos que supondrá. La oposición en bloque coincide en criticar la opacidad de la gestión, la falta de información que han recibido y la pasividad del ejecutivo central en el proyecto.

QUE CUMPLA EL ESTADO

El Congreso de los Diputados aprobó una declaración institucional unánime a favor de los Juegos y este pasado martes, la comisión de Hacienda aprobó una proposición no de ley para que el Estado aportara este año los 3 millones para la piscina y consignara los 9 restantes en los presupuestos generales. Se aprobó con el único voto en contra de los populares.

Ballesteros siempre ha reclamado que el Estado cumpla con su parte proporcional, como el resto de administraciones. En este sentido, el Consejo Superior de Deportes ha aportado 3,4 millones de euros; el ayuntamiento de Tarragona, 12 millones, 15  la Generalitat, 9 la Diputación de Tarragona y 1,5 el consistorio  de Barcelona. Además, el Gobierno central aplica exenciones fiscales a los patrocinadores.

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