04 jul 2020

Ir a contenido

Análisis

Sospechosos habituales

Gerardo Prieto
PERIODISTA

El atletismo español ha vivido durante las dos últimas décadas instalado en el todo vale si hay resultados. La Federación Española de Atletismo siempre ha sacado pecho recordando que fueron los primeros en instalar controles antidopaje, pero ha mirado para otro lado cuando el problema estaba en casa. Solo un detalle: mientras Alberto García estuvo sancionado utilizaba los servicios de fisioterapia de la federación y no pasaba nada. García resultó positivo por EPO y, en palabras de un federativo, este era tan claro que «el cadáver aún se encontraba en la sala y la pistola todavía humeaba». Sin embargo, la estrategia del atleta de Vallecas fue negarlo todo. Una década después, la misma táctica sigue valiendo para José Luis Blanco.

El todo vale proviene de una época anterior en la que la barra libre campaba a sus anchas: durante el Mundial indoor de Sevilla, un año antes de los Juegos de Barcelona 92, las farmacias hispalenses agotaron las existencias de anabolizantes en un solo día. La chapucera operación Puerto, casi tres lustros después, tampoco acabó con los sospechosos habituales de este negocio, pero al menos significó un cambio de actitud.

Con la llegada de Jaime Lissa-

vetzky al CSD se cambió la ley y el punto de mira definitivamente. Ahora se busca también a los mediadores y traficantes. Así se intentó hacer en el caso de Paquillo Fernández. El marchador ha admitido que guardaba productos dopantes en su casa pero que no los había utilizado ni los iba a utilizar. Una patraña de este calibre solo es admisible para quienes su único interés es rascar una medalla en Londres-2012 aunque sea de forma indigna.

En el reducido mundillo del atletismo de élite se sabe casi todo, quién se dopa y quién trafica, pero nadie se atreve a acusar por falta de pruebas. La rumorología entre cuadras de entrenadores está a la orden del día y el resultado se traduce en un ambiente enrarecido y poco propicio para que este deporte se desarrolle con normalidad en nuestro país. Poner entre rejas a varios de los sospechosos habituales es una buena noticia.

El asunto es muy grave para la federación española, con una vicepresidenta, Marta Domínguez, implicada. Y para el atletismo en general. Los platos rotos los pagan también los atletas honestos -los hay, aunque no lo parezca- y por partida doble: antes les ganaban los dopados; ahora, la sombra de éstos les salpica, todos pierden credibilidad, los patrocinadores huyen y el atletismo se hunde. Si finalmente caen los sospechosos habituales quizás estemos asistiendo al final de una época y, por tanto, al inicio de otra mejor.