Intrigas en el juzgado: así se montó el 'caso 8-M'

Los 87 días que van entre el 23 de marzo, día en el que admitió la denuncia del abogado Víctor Valladares, y el 9 de junio, la juez instructora Carmen Rodríguez-Medel ha llenado un sumario de casi 3.000 folios. Las diligencias han sido básicamente ordenadas por la propia juez. Durante esta frenética investigación sobre la presunta prevaricación cometida por el delegado de Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, al no haber prohibido las manifestaciones del 8-M y otras, la juez se ha apoyado en la urgencia prevista por el decreto de estado de alarma para justificar una investigación, pero, al mismo tiempo, ha aprovechado la también prevista suspensión de plazos para recurrir, en este caso del único imputado, para atar las manos de su defensa.

Y así se llega a la primera declaración, la de Franco, el martes 9 de junio, a la que en la misma jornada seguirán otros funcionarios de la Delegación del Gobierno y convocantes de actos en aquellos días de marzo. La posición de la Fiscalía de Madrid ante el procedimiento de la juez Rodríguez-Medel fue analizada el lunes 1 de junio en la Fiscalía General del Estado, en una reunión informal convocada por Luis Navajas, teniente fiscal del Tribunal Supremo, el número dos de la Fiscalía, para intercambiar criterios respecto a las denuncias y querellas por la Covid-19 (...)

Derecho de defensa

Los dos fiscales de Madrid en el procedimiento contra el delegado del Gobierno, Gloria Yoshiko Kondo Pérez y Enrique Remón Peñalver, acaban de recurrir el 8 de junio ante la Audiencia Provincial de Madrid, en la víspera de la declaración de Franco, el auto de incoación de diligencias por inexistencia de delito de prevaricación directa u omisiva. Pero no solo eso: acusan a la magistrada de cercenar el derecho de defensa. (...) Los fiscales están sugiriendo que es la juez la que pudo cometer prevaricación.

La jueza instructora  Carmen Rodríguez-Medel ha llenado un sumario de casi 3.000 folios

El martes 9 de junio, el delegado del Gobierno en Madrid contestó a las preguntas de la magistrada dirigidas a aclarar qué había pasado con la manifestación del 8-M. Señaló que no tenía conciencia ni información sobre el riesgo que podía correr la población. Franco ejemplificó que él mismo acudió a la movilización junto con su hija, de quien dijo que es médico. Explicó que, como delegado de Gobierno, cargo del que había tomado posesión el 19 de febrero, no tiene competencia en materia sanitaria. Y a preguntas concretas de la magistrada aseguró con rotundidad que no recibió recomendaciones o instrucciones en ninguno de los dos sentidos, a saber, de que se celebrase la manifestación o, por el contrario, que se prohibiese. (...)

"Investigación prospectiva"

La abogada del Estado, Rosa María Seoane, presentó al día siguiente, 10 de junio, un escrito en el que solicitaba el sobreseimiento libre de las actuaciones. Calificó la investigación de prospectiva. En otros términos: la investigación no había partido de indicios reales de delito de prevaricación, sino que la magistrada buscaba pruebas a través de las diligencias para incriminar al delegado del Gobierno. Asimismo, la letrada de Franco atacaba los fundamentos del informe del capitán de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid sobre los hechos, encargado por la magistrada.

"La investigación no había partido de indicios reales, sino que buscaba pruebas a través de las diligencias para incriminar al delegado del Gobierno"

Dos días más tarde, el 12 de junio, la juez Rodríguez-Medel sorprendía a propios y extraños al dictar el auto de sobreseimiento provisional o archivo de la causa. Según reconocía, no había pruebas de que el delegado del Gobierno hubiese cometido delito de prevaricación, ni directa ni comisión por omisión, al no prohibir la manifestación, y de que, en efecto, carecía de competencias sanitarias. Tras examinar la documentación aportada por diferentes organismos públicos a la causa y haber escuchado las declaraciones de Franco y una quincena de testigos, la magistrada concluye que entre el 5 y el 14 de marzo el imputado «no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones». (...)

Cuestionamiento político y profesional

Sin embargo, el cuestionamiento político y profesional empapa toda la resolución. (...) La juez afirma: «Por tanto, en el caso de autos, de un lado de la balanza está el derecho fundamental de manifestación y, por otro, la debida protección de la salud pública. Ninguna otra consideración debe introducirse en esta toma de decisión. La injusticia es apartarse a sabiendas de ese parámetro, imponiendo su voluntad (por el motivo que sea)».

La jueza buscaba algún elemento que permitiera seguir la investigación hacia el Gobierno 

Pero es que entonces, antes del 8 de marzo de 2020, no había pandemia. Por tanto, la ponderación que afirma no se podía realizar. Ya en su informe, la Guardia Civil afirmaba que la OMS había declarado la pandemia el 30 de enero, confundiéndolo con la Emergencia de Salud Pública de Preocupación Internacional. La pandemia fue declarada el 11 de marzo de 2020.

Mero peldaño

Este ataque «no penal» al delegado del Gobierno ha sido el resultado de la expedición de pesca de Rodríguez-Medel. (...) Lo dice la juez en su resolución: «El delegado del Gobierno en Madrid depende del presidente del Gobierno, y a estos efectos que nos ocupan, del ministro del Interior». José Manuel Franco es, pues, simplemente un peldaño.

Ergo, se trataba de dotar a las diligencias de 'fumus boni iuris' (apariencia de buen derecho, probabilidad de éxito según el mérito del caso) y obtener a través de la revisión de todas las comunicaciones algún papel, alguna nota, una instrucción, por más ambigua que fuese, algo que remotamente sugiriese que Franco actuaba como el dirigente socialista que es, que no era garante de nada sino del PSOE, a costa de la salud de los ciudadanos; algún intercambio o reunión entre el delegado del Gobierno y, digamos, la vicepresidenta Carmen Calvo, en la que se enfatizara la necesidad de celebrar la manifestación. Si surgía, pues, la sombra de una duda, la investigación se daba con un canto en los dientes.

Hubiera sido el paso previo para subir al peldaño a través de una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo con el fin de que siguiera la investigación hacia el presidente del Gobierno, el ministro del Interior o el ministro de Sanidad. En un cálculo de probabilidades no era imposible.

Pero ya se sabe lo que dicen los marinos: «La pesca es cuestión de suerte».