Más de 200 familias de Cornellà que se han quedado sin plaza de guardería se organizan para buscar una solución

Un total de 216 familias de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) que se han quedado sin plaza en las 8 guarderías municipales para sus hijos se han unido para impulsar una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org para reclamar una reunión con el Ayuntamiento y buscar una solución. Las familias, que recuerdan que en la ciudad el sector privado sólo puede asumir el 10% de esta demanda, acusan al consistorio de falta de previsión y de abocarlas a un “caos económico y logístico”. "Consideramos que 216 familias afectadas es un número inaceptable que evidencia una falta de planificación y una desidia institucional sin precedentes", añaden las familias al comunicado adherido a la petición de firmas.

Rubén Gimeno, uno de los padres impulsores de la iniciativa, lamenta que el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, a diferencia de otros de su entorno, no haya buscado alternativas al incremento de la demanda asociado a la gratuidad de P-2, que en el ámbito metropolitano se cifró en torno al 20%. "Conocían los datos, tienen los recursos y no han hecho nada", añade.

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Mismas plazas que años anteriores

El Ayuntamiento de Cornellà asegura que ha ofrecido para el curso 2023/24 las mismas plazas que años anteriores, un total de 612 en 8 guarderías repartidas de la siguiente manera: 56 plazas para lactantes, 226 para menores de 1- 2 años y 330 para menores de 2-3 años.

Respecto al curso anterior, el Ayuntamiento asegura que ha recibido 80 solicitudes más que se han quedado en lista de espera. Recuerdan que cada año hay personas que quedan en lista de espera y que a partir de julio se van dando movimientos o renuncias a plazas. Por ejemplo, en septiembre de 2022 quedaron 20 personas en lista de espera para los cursos de I-1 y quedaron plazas disponibles para los cursos de I-2

El consistorio reconoce que es posible que el incremento de las peticiones respecto al año pasado sea a consecuencia de la gratuidad de I-2 implementada por la Generalitat de Catalunya. Una medida, recuerdan, que garantiza la gratuidad, pero no la universalidad de un servicio que los ayuntamientos no pueden garantizar con recursos propios.

Sobre las familias que se han quedado sin plaza, explican que están barajando opciones para ofrecerles una alternativa. Sin embargo, a fin de garantizar las condiciones legales de seguridad o calidad para los niños, recuerdan que se encuentran con dificultades para la creación de nuevos espacios.

Está previsto que la próxima semana se reúnan representantes del consistorio con las familias para explicarles la situación y despejar las dudas que pueden tener durante el proceso.

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