INVESTIGACIÓN

Policía y Guardia Civil tuvieron un plan para tomar el Parlament y detener a Puigdemont

10 10 2017 multitud Ciutadella Barcelona

10 10 2017 multitud Ciutadella Barcelona / DANNY CAMINAL

Luis Rendueles / Juan José Fernández

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El dispositivo policial enviado por Interior a Catalunya en otoño del 2017 tuvo entre sus planes operativos uno para entrar en el Parlament si Carles Puigdemont y su Govern se “enrocaban” allí tras una declaración unilateral de independencia (DUI). La previsión no pasó del nivel de planeamiento, pero sí se explicó a parte del personal policial en la semana previa a la declaración (y suspensión), el 10 de octubre, de la independencia de Catalunya, según  confirman a EL PERIÓDICO varios de los agentes que iban a participar en ese operativo "de contingencia".

"Fue en un briefing en el barco (uno de los que alojaban a policías y guardias civiles). Una mañana, antes de entrar de servicio, nos dieron una explicación corta de qué podía suceder. Si Puigdemont y el resto declaraban la independencia, se atrincheraban en el Parlament y la gente acampaba en el parque, tendríamos que actuar". Así recuerda uno de los policías implicados cómo se les anunció que debían estar disponibles para una posible operación de riesgo: la toma del Parlament para detener a los dirigentes del Govern.

'Limpieza' de manifestantes

Otro agente, antidisturbios de las Unidades de Intervención Policial (UIP), recuerda que comentó ese escenario con colegas de los GEO. El plan de contigencia incluía la participación de cinco grupos de las UIP (50 policías cada uno). La mayoría ya habían actuado el 1-O. Esta vez, su misión sería "limpiar" el parque de la Ciutadella de manifestantes acampados a la entrada del Parlament como en la plaza de Maidán ucraniana, uno de los escenarios previstos por los servicios de información.

Después, los GAR (Grupos de Acción Rápida) de la Guardia Civil, que actúan al estilo comando y que en octubre de 2017 tenía desplazados 300 agentes en Catalunya, serían los encargados de entrar en el Parlament y detener a los políticos encerrados allí.

Un guardia que estuvo en alerta aquellas semanas recuerda que "el plan tenía varios escenarios detallados, también la entrada con helicópteros de miembros de la UEI (la Unidad Especial de Intervención) y los GEO de la Policía bajando en escala a la azotea del Parlament". Son grupos de élite que han participado en asaltos a pisos que albergaban terroristas o rehenes.

Simultáneamente, la entrada se haría también bajo tierra. Una quincena de policías del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) disponían de los planos de las alcantarillas de esa zona de Barcelona. Les asesoró la Unidad de Subsuelo de la Policía.

Puntos débiles

Una parte de los accesos al Parlament fue incluida por especialistas de la Guardia Civil en una lista de lugares “mal guarnecidos” para los sucesos que estaba viviendo Catalunya.

Fuentes del instituto armado relatan cómo al comienzo no se concedía entidad a las amenazas de independentistas radicales en redes sociales sobre acciones para "controlar el territorio" pero, el 5 de octubre, una declaración de la diputada de la CUP Eulàlia Reguant sobre la necesidad de ocupar infraestructuras cambió esa percepción.

Además de la tapia de la Ciutadella, especialistas de la Guardia Civil señalaron puntos débiles del aeropuerto de El Prat, centros de coordinación de transportes, oficinas de la Policía Nacional en Girona y pasos fronterizos.

Enterados en Sant Jaume

En total, la operación de entrada en el Parlament iba a movilizar a 300 policías y guardias para detener a Puigdemont y sus consellers si finalmente se producía el escenario previsto, entre otros, por los servicios de inteligencia: que tras la DUI, Puigdemont y el resto se atrincheraran en la cámara.

Esa previsión llegó a oídos del Govern. Un informe de la Comisaría General de Información de los Mossos recogió el 27 de septiembre de 2017 posibles escenarios posteriores a una DUI. El documento advertía de que "el Estado español reaccionaría de forma muy contundente", incluso con "el estado de sitio recogido en la Constitución española", y auguraba una posible "ocupación permanente del parque de la Ciutadella para evitar que las FCS (fuerzas y cuerpos de seguridad) clausuren el Parlament o detengan a las autoridades", lo cual "podría acabar con episodios de enfrentamientos graves con las FCS".

Una fuente próxima a Puigdemont añade a EL PERIÓDICO que, además, uno de sus consellers trasladó al president de parte del Gobierno español que podría darse esa posibilidad:  "Llegaron a temer que les iban a detener en el Parlament".

La secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, aseguró en noviembre del 17 que el Estado les amenazó con "sangre y muertos en la calle" si declaraban la independencia. En el Tribunal Supremo, Rovira matizó que fue Puigdemont quien le trasladó esa posibilidad. Un año después, esta fuente próxima a Puigdemont asegura que él decidió suspender la DUI "para evitar un escenario de violencia policial en las calles todavía peor que el del 1-O".