España ratificará este año su adhesión al tratado global para proteger el océano

España ratificará su adhesión al tratado global para la protección del océano, o Tratado de Alta Mar, antes de acabar el año. Con este objetivo trabaja el ejecutivo, tal y como ha explicado a EL PERIÓDICO el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que participa esta semana en la Conferencia de la Década del Decenio de los Océanos de la UNESCO, en Barcelona.

Tras 10 años de negociaciones, la Asamblea de la ONU aprobó el tratado en marzo del año pasado, que establece la protección y recuperación de al menos el 30% de las aguas internacionales y su biodiversidad para 2030. El convenio alude a las aguas situadas a más de 200 millas de la costa, históricamente bajo una situación de gran vulnerabilidad frente a las actividades humanas, por no estar sujetas a la jurisdicción de ningún estado específico.

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Sin embargo, el tratado no entrará en vigor hasta que al menos 60 países lo hayan ratificado. En septiembre de 2023, la ONU abrió un plazo máximo de 2 años para que los órganos legislativos de los países formalicen su adhesión. Hasta la fecha solo Chile, las Seychelles y la isla de Palau, en el Pacífico, han materializado el trámite. Organizaciones como Greenpeace y High Seas Alliance han urgido a los líderes mundiales a redoblar sus esfuerzos para actuar rápidamente. Las organizaciones esperan que el tratado pueda entrar en vigor en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos que se celebrará en Niza (Francia) en 2025.

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Tras el verano

“Hay que ratificar lo antes posible el acuerdo. Esperamos tener cerrado este año el proceso, se trata de un acuerdo que tienen que ratificar las cámaras", ha incidido Morán, que ha añadido que las convocatorias electorales del año pasado, las autonómicas de Galicia y Catalunya y las elecciones al parlamento Europeo "están ralentizando” los procedimientos, que se emprenderán tras el verano. Para Morán, hay que poner fin a la "relación extractiva" que tiene el ser humano con el océano, para proteger su biodiversidad y asegurar así la salud del planera y las personas. Ello implica pausar actividades como la minería submarina, "para no dar pasos en falso hasta que tengamos conocimiento de qué podemos hacer y qué barreras no hay que sobrepasar".