Pulso por el 'bicisharing' en Barcelona: las empresas reclaman una prórroga y el ayuntamiento se planta

El futuro de las empresas privadas de 'bicisharing' en Barcelona pende de un hilo. Las siete compañías que prestan actualmente el servicio en la ciudad —Bird, Bolt, Cooltra, Donkey Republic, Lime, RideMovi y Voi— han solicitado formalmente al Ayuntamiento de Barcelona una prórroga de dos años para seguir operando, ya que sus licencias terminan el 31 de diciembre, pero la respuesta del consistorio es un "no" rotundo.

Ante la negativa del gobierno municipal, las siete empresas han buscado el apoyo de los grupos municipales de la oposición y esta semana se han fotografiado con ellos en la plaza de Sant Jaume, tratando así de elevar el conflicto y convertirlo en un debate sobre el modelo de movilidad de la ciudad. Las empresas acusan al Ejecutivo local de no querer dialogar y reivindican el papel de la bicicleta compartida dentro de una movilidad sostenible.

El Gobierno municipal, sin embargo, mantiene su negativa a prorrogar las licencias por el nefasto balance de incivismo y ocupación del espacio público acumulado durante los últimos meses, han confirmado fuentes del ayuntamiento a este diario.

Récord de multas

Las mismas fuentes recuerdan que los demoledores datos de la Guardia Urbana de Barcelona y de los servicios de limpieza. Este verano se han batido récords de infracciones y solo en el mes de julio se impusieron 922 sanciones, la cifra mensual más alta desde la regulación del sector a principios de 2025. Además, durante agosto, la grúa municipal tuvo que trasladar al depósito un total de 340 bicicletas por obstaculizar el paso de peatones.

Desde enero de 2025 se han acumulado un total de 7.195 sanciones y 2.683 vehículos retirados por la grúa municipal. Teniendo en cuenta que la flota privada suma 3.500 bicicletas, las cifras equivalen a que, de media, cada bicicleta ha sido multada al menos dos veces y tres de cada cuatro bicis han terminado en el depósito en algún momento.

Asimismo, desde el ayuntamiento recuerdan que la normativa obliga a amarrar los vehículos a los anclajes en forma de "U" invertida, y que el incumplimiento sistemático demuestra una "incapacidad estructural" de las empresas para controlar el uso adecuado del espacio público.

Los operadores se ofrecen a reforzar el control

Por su parte, las plataformas privadas se resisten a abandonar Barcelona y utilizan el argumento de la sostenibilidad para defender su continuidad. Sostienen que sus 3.500 bicicletas representan casi el 30% de la oferta pedaleadle compartida de la ciudad, sumadas a las cerca de 8.000 unidades del Bicing público, y recuerdan que en el último ciclo han registrado más de 3,2 millones de desplazamientos, con un ahorro estimado de 1.100 toneladas de CO₂.

Según argumentan las compañías, "más del 99%" de los viajes se realizan sin incidencias y las sanciones se concentran en puntos "muy específicos" de alta presión turística y peatonal, como la plaça de Catalunya, Ciutat Vella, el frente marítimo y las playas.

Para salvar su continuidad, los siete operadores recuerdan que desde finales de 2025 financian de forma conjunta una patrulla compartida de control, que se dedica a recolocar las bicicletas mal aparcadas. Además, proponen asumir compromisos más estrictos para cumplir la normativa, como sancionar directamente o vetar a los usuarios reincidentes.

"No se debe elegir entre convivencia y movilidad sostenible; la solución es regular mejor y sancionar al infractor, no eliminar el servicio", sostienen desde el sector privado.

El ayuntamiento prefiere ampliar el Bicing público

A pesar de las propuestas de las empresas, el Ayuntamiento de Barcelona descarta dar marcha atrás y explica que, para seguir fomentando el uso de la bici, apostará por reforzar el servicio público Bicing. El consistorio prevé incrementar la flota pública en un 50%, hasta alcanzar las 12.000 bicicletas, además de continuar ampliando la red de carriles bici segregados y los puntos de aparcamiento seguro en los barrios. Asimismo, el consistorio ha lanzado recientemente otras iniciativas para fomentar la movilidad sostenible, como ayudas económicas para que los ciudadanos puedan adquirir bicicletas eléctricas.

Las mismas fuentes municipales matizan que la supresión de los operadores privados no afecta a los negocios tradicionales de alquiler de bicicletas en locales, cuyo modelo no impacta en la vía pública.

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