En la estela del Parlament
El Ayuntamiento de Barcelona se compromete a aislar a Vox para frenar los discursos de odio
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Jordi Ribalaygue
Periodista
Periodista especializado en información local de Barcelona y el área metropolitana. Ha trabajado en El Mundo, EFE, Público, Ara, Tot Barcelona y medios locales de Sant Adrià de Besòs y Badalona. Ha colaborado en la redacción del libro 'Objectiu Venus', sobre el barrio de La Mina.
El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este miércoles una proposición de Barcelona en Comú que pretende aislar a Vox para tratar de frenar los discursos discriminatorios de extrema derecha en el consistorio. La propuesta ha contado con el apoyo de PSC, Junts, comunes y ERC, mientras que el PP y Vox se han opuesto. La resolución sigue la estela del decálogo que los partidos de izquierda e independentistas ya suscribirieron en el Parlament para tender un cordón sanitario en torno al partido de Santiago Abascal, que cuenta con dos concejales en el pleno de Barcelona desde 2023.
Del mismo modo que en la cámara catalana, la proposición refrendada en la comisión de presidencia del Ayuntamiento insta a “no permitir los discursos de odio” en el consistorio; “impedir la presencia de la extrema derecha en la presidencia de los distritos, las comisiones del consejo municipal, así como de cualquier eventual comisión de estudio o de investigación”; no convocar a “las formaciones de extrema derecha” en reuniones de trabajo entre los grupos municipales y entidades, y “no suscribir ninguna iniciativa de impulso y control conjunta con estas formaciones para evitar que prosperen”.
La misma resolución plantea “modificar el requisito de unanimidad para las declaraciones institucionales en favor de una mayoría cualificada para evitar que la extrema derecha pueda vetar declaraciones a favor de los derechos humanos, la no discriminación, la paz y la convivencia”. También apremia a “aplicar el código ético” del Ayuntamiento para blindar al consistorio de “discursos de odio y discriminaciones”. A su vez, exhorta a “promover las modificaciones reglamentarias pertinentes para garantizar que el debate democrático no se vea amenazado por discursos de odio”, con el fin de prohibir expresamente intervenciones en que los ediles incurran en “discriminación por motivos de raza, ideológicos, de lengua o cultura, religiosos o de creencias, situaciones familiares o de origen nacional, de sexo u orientación o identidad sexual, enfermedad o discapacidad”.
"Cordón democrático"
La concejal Jess González (Bcomú) ha afirmado que la propuesta busca crear un "cordón democrático" para no normalizar a la extrema derecha en las instituciones y reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Barcelona con “la democracia, los derechos humanos y las diversidades”. “La presencia de la extrema derecha en la calle y las instituciones está haciendo mucho daño a las libertades y derechos que afectan a la vida de los ciudadanos. Las agresiones LGTBI-fóbicas y racistas han subido en los últimos años”, ha esgrimido.
La teniente de alcalde Maria Eugènia Gay ha afirmado que “los discursos de odio se configuran como una amenaza para los valores democráticos”. La concejal del PSC ha acusado a la ultraderecha de “liderar los discursos que amenazan la paz y la estabilidad social”.
En cambio, el concejal Gonzalo de Oro Pulido ha tachado la proposición de “totalitaria” y “populista”. “Cualquier día nos van a pegar un tiro y es por estas conductas irresponsables de señalarnos cada día”, ha espetado. El popular Juan Milián ha salido en defensa de la presencia de Vox en el Ayuntamiento y ha juzgado que la propuesta sostenida por el resto de fuerzas “no es admisible ni liberal ni democráticamente”. “¿Quién decide qué o quién es extrema derecha? ¿Por qué solo la extrema derecha y no la extrema izquierda? ¿Quién decide a quién se excluye de la vida política?”, ha planteado.
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