Albiol declara como testigo en el juicio por presunta corrupción contra un exconcejal del PP

El recién nombrado alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, declarará este martes como testigo en el juicio que ha empezado en la Audiencia de Barcelona contra el que fue concejal suyo durante su primer mandato, David Gómez, acusado de haber adjudicado a dedo obras por valor de casi un millón de euros desde el Ayuntamiento. La fiscalía solicita dos años y tres meses de prisión y 17 años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por presunta prevarcación y fraude a la administración para el exregidor, al que Albiol apartó cuando tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades.

En la primera sesión del juicio celebrada este lunes se ha dedicado íntegramente a las cuestiones previas planteadas por los abogados. En el banquillo se han sentado 11 imputados, ocho de ellos empresarios. La fiscalía sostiene que Gómez "en fecha indeterminada, pero en todo caso desde su nombramiento -julio de 2011- y hasta el mes de octubre de 2012", se valió de su condición de concejal de servicios sociales y salud para adjudicar irregularmente contratos de obras, superfacturando los trabajos que, en alguno de los casos no se correspondían a la realidad, o fraccionando las facturas.

Como vicepresidente del Instituto Municipal de Servicios Personales (IMSP), Gómez tenía potestad para aprobar los expedientes de contratación de todo tipo, siempre y cuando el importe de los mismos no superara los 120.000 euros. "A sabiendas de hallarse conculcando de aquel modo la normativa en materia de contratación administrativa en aquel momento vigente", apunta la fiscalía, el acusado contrató verbalmente a varias empresas para que llevasen a cabo obras en locales de titularidad municipal ubicados, en su mayoría, en el distrito 6 de la ciudad (Artigues, Sant Roc y El Remei), del que era concejal, sin los informes técnicos que justificasen su necesidad.

Facturas con sobecostes

Empleó, según la acusación pública, el procedimiento que habitualmente se usa en casos de emergencia, de manera que los administradores de las empresas implicadas entregaban directamente en mano o por correo electrónico las facturas, en las cuales señalaban conceptos "que no siempre se correspondían con la realidad" e incluían "siempre un coste por encima del precio de mercado". En otras ocasiones, fraccionaban el importe "deliberadamente", "simulando" de esta forma que éste podía ser adjudicado como "contrato menor", con la finalidad de "eludir el cumplimiento de la normativa administrativa y así evitar que terceros pudieran hacerse" con los contraatos.

Ninguna de las obras contó con estudios de viabilidad, tampoco se tramitaron los expediente de adjudicación ni se registraron los anteproyectos técnicos, memorias, planos e informes de impacto medioambiental, ni existía dotación presupuestaria municipal para cubrir los gastos. El exedil actuó de esta forma "previamente concertado" con los responsables de las compañías, que llegaron a reclamar al Ayuntamiento el pago de 953.781,03 euros, importe que nunca llegó a ser abonado. Según la fiscal, el objetivo fue, en todo momento, "obtener un enriquecimiento injusto a costa del patrimonio del Ayuntamiento de Badalona y causar un perjuicio patrimonial a éste, al ser conscientes de que el importe total de aquellas obras hubiera exigido su licitación o sometimiento a las reglas del contrato". Este 'modus operandi' se reprodujo en obras de otras entidades de la ciudad, así como en plazas, centros cívicos y mercados.