Colau urge a la Generalitat a descongestionar el problema de la droga en BCN

La sala Baluard, en el Raval, sirve de termómetro para medir la evolución del consumo y la venta de droga en Barcelona, un problema sobre todo de salud pública para los consumidores de estupefacientes, las primeras víctimas del narcotráfico, pero también fuente de inquietud social. La Agencia de Salud Pública de Barcelona explica que el número de consumidores ya es equiparable prácticamente al de antes de la pandemia. En cambio, en el centro de atención a toxicómanos situado en el barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs, las cifras aún están por debajo de las de 2019. El efecto es que, donde antes el extrarradio de Barcelona sobresalía en las estadísticas, es ahora en el corazón de la capital catalana donde se registran más consumos bajo supervisión sanitaria. 

Amparándose en los datos, el Ayuntamiento de Barcelona ha reclamado este viernes a la Generalitat que los servicios de reducción de daños de consumo asistido de droga -las mal llamadas 'narcosalas'- y los albergues para toxicómanos sin techo -ahora solo existe uno, en el Guinardó- se extiendan a otros puntos de la geografía catalana. El gobierno de la alcaldesa Ada Colau añade a la ecuación a su periferia, donde hay puntos donde la venta de sustancias ilegales es intensa desde hace décadas y atrae a personas que residen en Barcelona, como ocurre en La Mina o Sant Roc, en Badalona. El ayuntamiento ha resaltado que el 23% de los usuarios del centro de atención a las drogodependencias de Baluard provienen de fuera de la ciudad, así como el 10% de los habitantes de la residencia.

“En Barcelona tenemos 10 salas de consumo supervisado, por solo cuatro en el resto del país. Dos están en el área metropolitana, en Sant Adrià y Badalona, y otros dos fuera, en Lleida y Constantí”, ha situado la concejal de Salud, Gemma Tarafa. Ha opinado que la red de salas de venopunción está “incompleta”: “No es un modelo de país. Está muy concentrado en Barcelona, con el 71% de los centros, cuando sabemos que no hay solo consumo en Barcelona. Hay una sala en Barcelona por cada 163.000 vecinos, mientras que en resto de Catalunya es una por cada 1,6 millones de habitantes. No queremos dejar de tener estos centros, sino que este modelo se extienda a Catalunya, que está bastante cojo”. 

176 vidas salvadas

Por su parte, el Departament de Salut responde que estudia ampliar los servicios de reducción de daños. La 'conselleria' recalca que la distribución de los espacios de venopunción responde a "las necesidades y la demanda de servicio" de los consumidores. Las salas se procuran situar cerca de donde el mercadeo de sustancias es amplio. "Todo el territorio no tiene las mismas necesidades que se producen en Barcelona y el área metropolitana", apunta el departamento, que blande que en el resto de España solo se cuenta una sala de venopunción.

Según el último informe al respecto de Salut, los centros en que personas drogodependientes puedan inyectarse la dosis bajo condiciones de seguridad sanitaria albergaron 118.296 consumos en 2021. Del total, 58.784 consumos se registraron en Baluard, con 1.401 asistentes, y 39.240 en La Mina, con 879 atendidos. Los equipos de las salas diagnosticaron 176 sobredosis y las revirtieron todas para que no acabaran en muerte. 

“Si donde hay un punto de venta hay cerca un equipamiento que garantiza seguridad para el consumo, los consumidores tiran hacia allí. Es un modelo que defendemos y que no están saturados en Barcelona, pero es importante que se desplieguen en otros sitios”, ha postulado Tarafa. La edil ha asegurado que ha trasladado la petición al nuevo conseller de Salut, Manuel Balcells. “No hay que edificar nuevos equipamientos, hay centros de atención a las drogodependencias distribuidos por el territorio que podrían acoger también el servicio de reducción de daños, pero sabemos que no es fácil y que a los municipios les cuesta”, ha expresado. 

Esperas de cinco meses

A su vez, el consistorio ha reclamado a la Generalitat que los centros de acogida a personas sin hogar con problemas de adicción al alcohol y los estupefacientes, como el que la capital fundó en 2020, se repliquen en otras localidades. “Barcelona ha dado el primer paso. Funciona y acompaña a personas con una vida durísima. Hay que extenderlo en el área metropolitana y luego al resto de grandes ciudades”, ha planteado Tarafa. 

La concejal no ha descartado que la ciudad se plantee abrir otro albergue en el futuro, en el que ahora residen 50 personas, con la mitad de plazas reservadas a mujeres. Por el momento, se acumula una lista de espera que provoca retrasos de cuatro a cinco meses para conceder plaza. En todo caso, ha esgrimido que antes “es necesario hacer fuera de la ciudad” tanto alojamientos como centros de consumo asistido para drogodependientes. “Lo que nos planteamos es tener primero respuesta de cuál es la actuación en el área metropolitana y el resto de Catalunya. Barcelona ha hecho los deberes”, ha enfatizado.

En casi tres años, 213 personas sintecho enganchadas al alcohol o las drogas han pasado por el albergue, primero situado en Les Corts y en el Baix Guinardó desde este año. El traslado generó quejas en el barrio, en especial en una escuela situada enfrente del hotel que reabrió para alojar el servicio. “Había miedo por si caía la matriculación de la escuela, pero no ha pasado. Incluso las preinscripciones de P3 han aumentado de 12 a 22”, ha resaltado Maribel Pasarín, directora de promoción de la Agencia de Salud Pública de Barcelona.

Pasarín ha añadido que 60 personas han logrado trasladarse a otro tipo de alojamiento tras pasar por el albergue, donde el 61% de las estancias se alarga entre uno y seis meses. “Es una gran oportunidad para personas que no les habían ofrecido antes una ocasión para hacer un proceso de mejora. A los tres meses, entre el 50% y el 70% de ellos ha reducido el consumo”, ha subrayado Josep Rovira, director de drogas de la Associació Benestar i Desenvolupament, que gestiona el centro.