Barcelona reclama sanciones más duras en la nueva regulación de la UE sobre pisos turísticos

El punto de partida, la propuesta de reglamento planteada hace tres semanas por la Comisión Europea para regular la actividad de los pisos turísticos de plataformas como Airbnb o Booking, es, a juicio del ayuntamiento de Barcelona, positivo porque reconoce la existencia de un problema a nivel europeo y, sobre todo, el papel de la capital catalana como pionera en afrontar el fenómeno. Pero el gobierno municipal espera mucho más de la tramitación de la normativa, que deberán negociar a partir de ahora Parlamento Europeo y Consejo, y particularmente “sanciones más duras y efectivas” contra las plataformas que incumplan las reglas. 

“El objetivo no es poner sanciones, lo que queremos es que las sanciones sean efectivas para demostrar que la actividad es ilegal y no se produzca", ha reivindicado la teniente de alcalde de Barcelona, Janet Sanz, durante una comparecencia en Bruselas. "Tener sanciones más altas que impacten en los beneficios de las empresas” porque “estas grandes plataformas que llegan a la ciudad y piensan que es suya y sin pagar un euro”, ha defendido la también responsable de urbanismo. Tiene previsto reunirse con el director general de mercado interior, David Blanchard, la ponente del informe de la Eurocámara, Kim van Sparrentak, y participar en la conferencia anual Polis, una red de ciudades y regiones que trabajan por políticas sostenibles e innovadoras para el transporte local. 

Sanz, que ha estado acompañada del eurodiputado de los comunes Ernest Urtasun, habla con conocimiento de causa. Aunque la capital catalana aplica ya muchas de las medidas recogidas por Bruselas en su propuesta -desde el número de registro único que deben obtener los pisos turísticos hasta la obligación de verificación por parte de las plataformas, como Airbnb, y el intercambio de datos con las autoridades locales- en términos de sanciones las plataformas terminan encontrando escapatorias que les permiten eludir el pago de las multas. “30.000 euros (de multa) para una gran plataforma es algo pequeño. Hemos ido al máximo de nuestras competencias y hemos impuesto sanciones de 600.000 euros pero aun así son cantidades que no les impactan”, ha alertado, pidiendo multas que “hagan daño”. 

“El tema de las sanciones es clave. Tenemos algunas leyes que nos permiten avanzar en algunas sanciones pero no suficientes. Necesitamos una normativa que precisamente haga cumplir y que diga que lo que es ilegal off line también lo es on line. Se tiene que poder concretar en la normativa. Necesitamos recursos más importantes y hacer cumplir mejor la legalidad”, ha reivindicado sobre algunos de los cambios que reclaman Barcelona y el resto de ciudades -desde Amsterdam hasta Berlín, París o Praga- para garantizar un control adecuado.

Más control todavía

Por ejemplo, consideran que el reglamento debe precisar que los anuncios online sin número de registro son por definición ilegales, que la verificación y control que deben llevar a cabo las plataformas no debe aleatoria sino general, por medio de sistemas automatizados, y que el algoritmo de verificación de los registros proporcionado a las plataformas se aplique de oficio.

Barcelona también aspira a que la obligación de proporcionar información a las autoridades por parte de las plataformas no sea mensual, sino diaria, y que se establezca un sistema automático e inmediato de intercambio de datos sin tener que esperar a proporcionar listados por parte de las administraciones. Además, también considera necesario que la normativa incluya un sistema de control mayor en zonas de especial saturación, a determinar por las autoridades locales, más competencias locales y más financiación para garantizar los “recursos necesarios”. Y es que cada mes siguen detectando anuncios de unos 500 pisos turísticos ilegales en las plataformas que les obligan a realizar un esfuerzo y control enorme que se reactivado después de la pandemia.

Aunque quedan muchas cosas por mejorar, Sanz considera que Barcelona es un buen ejemplo de por dónde hay que avanzar a la hora de poner límite a la actividad de los pisos turísticos. “Cuando llegamos al Ayuntamiento de Barcelona estaba absolutamente desregularizada. Era una situación de barra libre. Tenía todas las facilidades y esto generaba un problema. Había más pisos turísticos que públicos: 7.000 públicos y 17.000 turísticos entre legales e ilegales, el triple. Esto ha cambiado. Ahora tenemos 12.000 pisos públicos que se ofertan a precios asequibles a la ciudadanía y solo tenemos pisos turísticos que son legales porque tenemos un control y una acción cotidiana”, ha resumido. Todo ello gracias al plan de choque puesto en marcha por el gobierno municipal en verano de 2016 que ha permitido, según Sanz, analizar un total de 54.093 anuncios, abrir 18.185 expedientes disciplinarios que han derivado en 7.749 órdenes de cese y 9.336 expedientes sancionadores.