La zona de bajas emisiones de Barcelona sigue vigente y puede multarse a los infractores

La Sala Quinta de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rechazado la ejecución provisional de la sentencia que anulaba la ordenanza municipal que regula la zona de bajas emisiones (ZBE) de Barcelona al entender que faltaban informes que avalen algunas restricciones. Los magistrados han denegado, de esta manera, la petición de una de las entidades que presentaron la demanda contra esa normativa, en concreto al Asociación Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias.

La resolución del TSJC sostiene que la solicitud de la ejecución provisional de la sentencia se solicitó cuando todavía no había finalizado el plazo para recurrir dicha sentencia, ni se había anunciando que se haría. Y es solo en ese momento cuando se puede pedir dicha medida. Los jueces recuerdan que "se han dictado otras sentencias en recursos con idéntico objeto" donde se acuerda que puede instarse la ejecución provisional "en el momento provisional oportuno", por lo que la inadmisión del requerimiento de la asociación "resulta obligada para garantizar la tramitación simultánea e igual de las solicitudes que puedan formularse, no siendo procedente" priorizar una de ellas presentada de forma anticipada, destaca el alto tribunal catalán.

Desmesurada restricción

La sentencia dictada el pasado mes de marzo y que todavía no se ejecutará recoge, entre otros fundamentos, que la zona de bajas emisiones tiene un excesivo ámbito geográfico de implantación y una desmesurada restricción del tipo de vehículos afectados. El alto tribunal admitió que la Unión Europea ha denunciado la calidad del aire de Barcelona y no pone en cuestión que el Ayuntamiento de Barcelona intervenga, sino que las medidas propuestas deben ser proporcionadas.  Para los jueces, en el expediente administrativo "no se realiza un análisis suficiente de las alternativas, ni de las consecuencias económicas, sociales y sobre el mercado y la competencia que producen las medidas, ni se evalúan suficientemente los costes y beneficios que implica el proyecto de disposición por sus destinatarios, así como las cargas administrativas".

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La resolución judicial subraya que existen "vicios sustanciales en la elaboración de la norma", sobre todo en lo que se refiere a las memorias e informes utilizados, basados en datos no actualizados, lo que obliga a anularla. Un ejemplo, incide, es que "no existe ningún dato en el expediente que permita determinar el número de vehículos afectados en sus diferentes categorías", ni se "cuantifican los destinatarios a una actividad profesional o económica". Argumentan, asimismo, que el sistema de clasificación ambiental de la DGT es "rígido" y "no ofrece ninguna solución alternativa" para homologar los vehículos que no lo tienen. Es decir, su entender, "la movilidad en la ZBE en las horas prohibidas se condiciona a la capacidad económica del titular para proceder a la adquisición de un vehículo con distintivo ambiental, lo cual no resulta valorado". También alegan que la ordenanza se basa en datos de emisiones contaminantes de 2013, aunque en el momento de elaborar la normativa había de 2018. 

La apuesta del Govern

El Govern ha anunciado que apostaba por dar un paso más allá y ampliar a los municipios de más de 20.000 habitantes las restricciones de movilidad a los vehículos más contaminantes. A finales de 2025, un total de 67 municipios tendrán, según la propuesta de la Generalitat, un perímetro vetado a los autos más sucios. En Barcelona, desde inicio de 2020 los vehículos sin ninguna etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) no podían acceder en la ZBE, pero la pandemia pospuso las sanciones hasta septiembre de 2020. Ahora solo quedan un pequeño poso de moratorias para camiones y autobuses, y la idea del consistorio, expresada también la pasada semana, era ampliar las restricciones