Polémica urbanística
Los vecinos de Sarrià mantienen en los tribunales la lucha por Can Raventós
El TSJC admite a trámite el recurso de los vecinos contra el plan urbanístico aprobado por el ayuntamiento porque quieren salvar el jardín
Las entidades del barrio recogen 7.326 euros en una acción de micromecenazgo para poder mantener en marcha el proceso legal
Natàlia Farré
Periodista
“No queremos una manzana Sandoz 2”. Lo claman los miembros de l’Associació de Veïns de Sarrià y la Plataforma Defensem Can Raventós. Así que lo suyo es aclarar qué es la manzana Sandoz. Y no es otra cosa que la construcción de viviendas de lujo en Sarrià levantadas en el antiguo solar de los laboratorios que dan nombre al espacio con licencias otorgadas por el ayuntamiento que incumplían la normativa urbanística. Así lo denunciaron en su momento los vecinos y así lo dejó claro el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) primero y el Tribunal Supremo después. Parte de la construcción es ilegal. Pero ahí sigue y ahí seguirá.
De ahí, de intentar salvar lo que queda del jardín de Can Raventós (una parte ya fue parcelada vendida y construida años ha) y de evitar una edificación que de levantarse será definitiva acaben sentenciando lo que acaben sentenciando los tribunales, que las entidades de Sarrià piden que se pare el proceso. Ya. Para ello llevan tiempo haciendo varias gestiones, desde una denuncia a la Oficina Antifrau en noviembre de 2020 al actual recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC. Sobre la primera demanda, el ayuntamiento está preparando la información solicitada. Y sobre la segunda, el consistorio afirma haber presentado el expediente y estar trabajando en la respuesta. Aunque la opción de detener el proyecto es casi imposible. Las licencias de obras se están tramitando, según manifiestan fuentes municipales, y el proceso legal no suspende la entrada de la piqueta.
Paralelamente a ese proceso, los vecinos apuntan alternativas a la construcción en Can Raventós, como la opción de una permuta. “No decimos que no se construya nada, lo que decimos es que si hay una opción que sea no meter con calzador lo que permite el Plan General Metropolitano (PGM), estudiémosla. La obligación del arquitecto jefe del ayuntamiento es ver la ciudad en su conjunto y ver las consecuencias que acaban teniendo las decisiones. Si estas colapsan un barrio o son forzadas, aligerémoslas con una permuta aunque solo sea del 50 o el 80%. Son incapaces de resolver los problemas de la ciudad”, claman la asociación y la plataforma al tiempo que lamentan la falta de diálogo.
Propuesta de permuta
Después de muchos intentos consiguieron una reunión en junio con el área de Urbanismo del consistorio para proponer una permuta. La propuesta que hicieron -”es un ejemplo, podrían ser otras”, sostienen- es cambiar la calificación de equipamiento por edificable de un solar propiedad del consistorio en Pedralbes (en la calle del Monestir) y hacer lo inverso en Can Raventós (entre las calles de Bonaplata y Fontcoberta). “La propiedad lo que busca es rendimiento económico, le da igual el lugar”. Pero “no ha habido respuesta”, lamentan. Desde el ayuntamiento recuerdan que el proyecto es legal: “El planeamiento aprobado ordena la volumetría dentro del ámbito de actuación y permite el desarrollo de una actuación edificatoria íntegramente privada”. ¿La opción de permuta? “Habría que valorarla”.
"Los ‘comuns’ que son sensibles a la retórica de la participación no responden a sus principios”, sostienen los vecinos. Tampoco lo son, en su opinión, a otro de sus principios, la ciudad verde. “Es uno de los pocos jardines que quedan en el viejo Sarrià y reclamamos que se convierta en refugio climático”. Todo el problema deriva de que el PGM permite la edificación -”estamos en el siglo XXI, no podemos seguir guiándonos por una planificación de los años 70 que no prioriza la emergencia climática”- pero exige un Plan Especial Integral de Mejora Urbana, y este es el que rechazan los vecinos. Por un lado denuncian su tramitación irregular por incumplimiento de plazos y por otro que no respeta la normativa: prevé una altura superior a la permitida; no mantiene la distancia de 10 metros que deben quedar, según la ficha patrimonial, entre la masía catalogada y las nuevas construcciones; y se sobrepasa la profundidad edificatoria.
7.326 euros de micromecenazgo
Ni una cosa ni la otra son compartidas por el ayuntamiento. Para el consistorio la tramitación fue correcta y se respeta la normativa: “Como todo plan urbanístico, ha pasado todos los requerimientos jurídicos y técnicos que se precisan”. Y de la disparidad de posiciones, las denuncias. Y de las denuncias, la campaña de micromecenazgo lanzada este verano. La Plataforma Defensem Can Raventós ha recogido 7.326 euros para poder continuar con la lucha por salvar Can Raventós. Tienen esperanza, en 2014 la revuelta vecinal consiguió frenar la construcción de viviendas de lujo en el parque de la Oreneta.
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