El Defensor del Pueblo archiva la queja de un grupo motero contra los bloques de cemento en Barcelona

El trágico fallecimiento de un motorista en la calle de Balmes el pasado 17 de diciembre desencadenó una oleada de ira contra el urbanismo táctico en Barcelona. La víctima, un joven de 28 años, terminó colisionando, tras impactar con otro vehículo, con una barrera de hormigón New Jersey, el tipo de elementos que se han colocado en la calle para delimitar las terrazas y separarlas de la calzada. La Unión Internacional para la Defensa de los Motoristas (IMU) presentó una queja ante el Defensor del Pueblo solicitando la eliminación de estos elementos, a los que señalaba como causantes de la muerte de "varios motoristas". La oficina de Francisco Fernández Marugán, sin embargo, ha optado por archivar la queja "dando por finalizadas las actuaciones". En caso de haber tomado en consideración la solicitud, habría elevado el asunto a las autoridades pertinentes. Los motoristas no tiran la toalla y preparan una denuncia penal ante la fiscalía de seguridad vial que prevén presentar antes de verano.

El Defensor del Pueblo aceptó a trámite la reclamación el pasado 17 de febrero. Según la UMI, el Ayuntamiento de Barcelona "incumple de manera reiterada el reglamento general de circulación y la ley de seguridad vial", en palabras de su presidente, Juan Carlos Toribio. Consultado por este diario, lamenta que Fernández Marugán "se haya fiado de lo que ha contado el consistorio sin haber contrastado con la opinión, por ejemplo, de ingenieros de caminos". "El ayuntamiento ha engañado al Defensor del Pueblo y él se lo ha tragado todo", resume. En su extenso escrito de ocho páginas, la gerencia de Ecología Urbana aporta toda la cronología del urbanismo táctico y defiende su actuación apoyándose en los numerosos informes y estudios realizados por los técnicos municipales.

Toribio se mantiene inamovible en que las New Jersey estaban colocada de manera irregular. "Porque sobresalían del espacio y ocupaban parte de la calzada, porque carecían de una pieza terminal y porque no estaban unidas". Todo ello, prosigue, "presenta elevados niveles de agresividad para los ciudadanos". Por todo ello, la UMI denunciará al Ayuntamiento de Barcelona ante la fiscalía de seguridad vial de Barcelona, al que acusará de incumplir el artículo 385 del código penal, que llega a establecer penas de prisión de seis meses a dos años de cárcel a quien origine un grave riesgo para la circulación.

Eso, según Toribio, es precisamente lo que sucedió en la capital catalana en Balmes entre Diputació y Gran Via. El ayuntamiento, en su defensa, alega: "En ningún caso se han instalado a modo de obstáculo o peligro que dificulte la circulación ya que en todos los casos se han ubicado en zonas de aparcamiento o carga y descarga, siempre fuera del ámbito de circulación de tráfico, manteniendo la alineación marcada por el carril de servicios". La denuncia de esta asociación se sumará a la que ya presentó la familia del joven que perdió la vida en el accidente de Balmes, que sigue su curso en los juzgados.

Antes de presentar la denuncia, el colectivo tiene prevista una manifestación el 13 de junio en distintas ciudades españolas, entre ellas Barcelona, para reclamar más y mejores medidas de seguridad para el colectivo de motociclistas. En el caso de la capital catalana, avanza Toribio, las New Jersey se llevaran buena parte del protagonismo.

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