Exiliado en Madrid por un desahucio en Barcelona

A sus 80 años, Francisco Sánchez explica lo sucedido como quien cuenta una pesadilla. No es para menos. Salió una mañana de casa a hacer una gestión y, al regresar, se encontró con que le habían cambiado la cerradura. "Las tres cerraduras", puntualiza. Sucedió en Barcelona en febrero del 2020, después de que un fondo inversor extranjero adquiera la finca, en la calle de Maignon, junto a la plaza de Lesseps. Casi un año después, lo recuerda al teléfono desde Madrid, donde su hermano le ha dado cobijo. "Yo lo que quiero es volver a Barcelona, Barcelona es mi vida. Llegué allí con 17 años, imagina; veo ahora a los chicos de 17 años y pienso, ¡pero si era un bebé!", explica este camarero jubilado, desahuciado a traición y a su edad, después de haber trabajado y pagado el alquiler toda su vida, una vida de novela (y no solo por este episodio). Vivía en el edificio desde el año 1975 -con un contrato indefinido de renta antigua- y ni siquiera le dejaron entrar a recoger sus cosas.

"Cuando ejecutaron el lanzamiento no solo tenía el alquiler en regla, sino que había pagado incluso el mes siguiente, ya que consignaba el dinero en el juzgado de tres en tres meses y tenía pagado hasta marzo", señala Lluís Humet, su abogado quien pone contexto al complejo y a ratos increíble caso. Francisco consignaba el alquiler en el juzgado desde dos años atrás, en febrero del 2018 desde que la inmobiliaria dejó de cobrarle el alquiler al considerar que su contrato había finalizado. La intención de los compradores de la finca era tirarla al suelo y construir de cero un edificio mucho más alto. Más caro. Se acogieron para intentar echarle a que en el 2002, hace también casi 20 años, Francisco se mudó del ático a la vieja casa de la portera. "En aquel momento estaba en el paro y los antiguos propietarios, dos hermanos con los que me llevaba muy bien, me propusieron pasar a los bajos para pagar menos. Entonces pagaba 28.000 pesetas y pasaría a pagar 10.000, 15.000, pero me pagaban el agua. Acepté y firmamos un papel, los dos hermanos y yo, en el que queda claro que no es un nuevo contrato sino un anexo al original, de 1975", prosigue Francisco, quien fue desahuciado sin ni siquiera ser consciente de que el proceso estaba en marcha. El día en el que el juzgado fue a entregarle la denuncia a casa no le encontraron. Dejaron una notificación en el buzón comunitario de la entrada que Francisco nunca encontró.

"Me dan la razón, pero ¿de qué me sirve?"

Tras el esperpéntico desahucio, presentó un incidente de nulidad de actuaciones que, con el cierre de los juzgados por el coronavirus -cuya crisis estalló pocas semanas después- no se resolvió hasta septiembre. Cuando lo hizo, el juez le dio la razón a Francisco y declaró el procedimiento de desahucio nulo, pero Francisco seguía sin casa. "Me daban la razón, pero ¿de qué me servía?", reflexiona.

Su abogado pidió al juez que requiriera a la propiedad que le devolviera la vivienda al declarar nulo el desahucio -lógico-, y este lo hizo, pero la propiedad este respondió que el piso era inhabitable, como mostraban en imágenes (habían tirado los techos y agujerado las paredes). La respuesta del juez ante la respuesta de la propiedad resulta todavía más sorprendente: "la declaración de nulidad tiene meros efectos declarativos" y "este juzgado no tiene mecanismos jurídicos para ejecutar una reintegración de la posesión". "Fue el juez el que sacó a Francisco de la vivienda, pero ahora le dice que no tiene mecanismos para devolvérsela", indica Humet, quien está preparando otra demanda para intentar desencallar el asunto.

"El edificio estaba perfecto"

"El edificio estaba perfecto, perfecto -insiste-; o han destrozado ellos porque su intención era tirarlo y no lo han podido tirar aún porque el ayuntamiento no les ha dado la licencia de derribo", señala Francisco, quien en los últimos años de su vida laboral trabajó en los anticuarios del Bulevar Rosa. "Estuve allí 11 años. Antes había sido camarero y trabajador en la industria textil. He sito un inútil muy útil", bromea.   .

Tras el desahucio, Francisco se instaló provisionalmente en un hostal muy cerca de su piso, en Gràcia, que tuvo que dejar porque cerró, como los juzgados, con la crisis del covid. Se instaló después en Sant Fost, en casa de un familiar, pero era un matrimonio también mayor y no podía estar allí, entrando y saliendo por los juicios (cuando se reactivó la justicia), y ponerles en riesgo, así que buscó otra pensión hasta que terminó el juicio, y finalmente acabó en Madrid, a casa de su hermano. "En las primeras negociaciones con el fondo inversión me ofrecían 30.000 euros para que me fuera. Me dijeron que era dinero suficiente para pagar el alquiler de por vida ya que con la edad que tenía iba a vivir poco", recuerda Francisco enfadado, a quien le van viniendo flashes de toda esta pesadilla que aún no ha terminado.

Fuentes del distrito de Gràcia apuntan que el fondo inversor que compró la finca de Francisco solicitó una licencia de derribo en el 2018, permiso que no le fue concedido al quedar un inquilino en el edificio. Tras la victoria -agridulce- de Francisco en los tribunales el consistorio hizo una inspección técnica a la finca -destrozada- y abrió un procedimiento de disciplina urbanística "por falta de mantenimiento del inmueble". En paralelo, Francisco entró en la mesa de emergencia y se tramitó "de forma favorable" la adjudicación de un piso social, que todavía no ha llegado.

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