30 oct 2020

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CRIMEN EN L' HOSPITALET

Última oportunidad para investigar quién asesinó a Pedro Álvarez

La familia del joven fallecido por un tiro en la cabeza reclama que se reabra el caso

Un policía nacional llegó a ser detenido y encarcelado, pero después fue exonerado

J. G. Albalat

El padre de Pedro Álvarez, en primer plano, delante de una pancarta de apoyo, en la Audiencia de Barcelona en pasado 18 de septiembre.

El padre de Pedro Álvarez, en primer plano, delante de una pancarta de apoyo, en la Audiencia de Barcelona en pasado 18 de septiembre. / MANU MITRU

Unas 200 personas corearon este jueves frente a la Audiencia de Barcelona: «Pedro, hermano, nosotros no olvidamos».  De esta manera, mostraron su apoyo a los padres de Pedro Álvarezasesinado a los 20 años de un tiro en la cabeza en L’Hospitalet de Llobregat el 15 de diciembre de 1992, cuando estaba con su novia. Un crimen que 27 años, nueve meses y tres días después, como recuerdan los progenitores, aún está sin resolver, a pesar de que un policía nacional fue detenido y encarcelado durante una semana. Después fue exonerado.  La familia de la víctima está quemando los últimos cartuchos a nivel judicial para que el caso no se cierre y se investigue a fondo.

 En una sala del Palau de Justícia de la capital catalana y a puerta cerrada (los padres del joven no pudieron entrar) se celebró este viernes la vista del recurso que presentó la familia de la víctima contra de la decisión del juzgado de  instrucción del febrero pasado (confirmada en marzo) de archivar el proceso. La fiscalía no apoya los planteamientos esgrimidos por el abogado Benet Salellas, en nombre de los progenitores, y alega que el delito ha prescrito por el paso del tiempo.

Este debate es la clave para que la investigación se reabra y exista la posibilidad de que las pesquisas puedan seguir, como reclama la familia, en manos de los Mossos d’Esquadra y no en las de la Policía Nacional, cuerpo al que pertenece el hasta ahora único sospechoso. Y que se puedan utilizar las nuevas técnicas policiales para intentar esclarecer el crimen. El abogado que ejerce la acusación particular rechazó la consideración realizada por la Policía Nacional en el procedimiento de que «no es posible que la repetición de las pruebas policiales practicadas en su momento, con tecnologías actuales, aporten resultados distintos a los que obran en la causa».

Las sospechas

La familia de la víctima y el colectivo ciudadano que les apoya lo tienen claro. Bastaba con leer la pancarta que presidía la concentración ante la audiencia. «27 años del asesinato de Pedro Álvarez por un policía. Sin justicia». «Han asesinado a mi hijo, que hagan lo que quieran, pero yo seguiré. La justicia es para el pueblo», sentenció Juanjo Álvarez, el padre de Pedro. «Pedimos que investigue otro cuerpo policial, no la Policía Nacional. Pero nos niegan todo», insistía.

La pistola del policía que llegó a ser arrestado todavía está intervenida, pero no su coche, que ya ha sido desguazado. Además, según los allegados del joven fallecido, no se hizo la prueba para determinar si este agente tenía restos de pólvora en la mano o en la ropa y así determinar si fue quien disparó esa noche fatídica. Pedro recibió un tiro en la cabeza por parte del conductor de un vehículo que estuvo a punto de atropellarle a él y a su novia y  después se dio a la fuga. El principal sospechoso fue el policía nacional de Barcelona J. M. S.  El agente, que fue situado en el lugar del crimen,  está actualmente en libertad.

Las otras líneas de investigación llevaron en los años 90 a un callejón sin salida. La familia, al final, logró que las pesquisas pasaran de la Policía Nacional a la Guardia Civil, pero nada cambió y el juzgado archivó y denegó la reapertura del caso el pasado febrero. El togado, en línea con la posición de la fiscalía, consideró prescrito el delito y, por lo tanto,  que no se podía perseguir, si bien reconoció tener «dudas». Esas dudas son la esperanza de la familia de Pedro.

El abogado Benet Salellas sostiene que la fecha de prescripción todavía no ha llegado y la retrasa hasta el próximo 28 de septiembre. A ese día, a su entender, se le debería sumar, además, el tiempo que la justicia estuvo paralizada al decretarse el estado de alarma por el covid-19.

El debate

La discrepancia con la fiscalía se centra en el hecho que esta institución no tiene en cuenta a la hora de calcular la prescripción –las actuaciones deben permanecer paralizadas 20 años para ello­– el periodo comprendido entre los años 1997 y  2000, en que la Guardia Civil estuvo investigando el tema, al entender que entonces en el punto de mira no estaba el policía sospechoso, sino que las pesquisas fueron hacia otro lado.

Salellas considera que este aspecto jurídico debería ser objeto de análisis en el juicio en virtud, entre otros motivos,  del derecho de las víctimas, en este caso los padres de Pedro. «Ha de prevalecer la investigación», recalca  el letrado. El jurista detalló al tribunal, precisamente, la evolución en que en estos últimos años ha tenido la protección de las víctimas, aludiendo al estatuto que regula sus derechos e, incluso, al proyecto de ley de la Memoria Histórica. «La víctima tiene derecho a que se investigue», recalca este jurista.