Los abogados proponen desahucios de ocupas en 48 horas

En caso de una ocupación ilegítima de una vivienda, si en las primeras 48 horas el ocupante no acredita la titularidad que le permita habitar el inmueble y el propietario sí, la desocupación ha de ser inmediata, facilitada por la adopción de una medida cautelar urgente por parte de un juez. Así lo propone la Comisión de Normativa del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), a iniciativa de sus compañeros de Mataró, una de las ciudades, junto con la capital catalana, más afectadas por el fenómeno de la usurpación de casas.

Los letrados han elaborado una propuesta de modificación legislativa con la intención de "frenar, disminuir o dar solución" al fenómeno de la ocupación ilegítima de viviendas, que tildan de "problemática creciente" en Catalunya para el caso de usurpaciones de pisos de uso habitual.

El centro de la propuesta es la modificación de los artículos 134 y 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El primero hace referencia al inicio de un proceso penal y el segundo es el que facilita al poder judicial la adopción de medidas contra el reo antes de la sentencia para proteger a la víctima. Ese artículo dice: "El Juez o Tribunal podrá, de forma motivada y cuando resulte estrictamente necesario al fin de protección de la víctima, imponer cautelarmente al inculpado la prohibición de residir en un determinado lugar, barrio, municipio, provincia u otra entidad local, o Comunidad Autónoma."

Los abogados proponen sumar en al artículo 544 un sexto apartado que diría: "En los casos que conozca de un delito del artículo 245 del Código Penal, el juez o Tribunal adoptará motivadamente la medida de desalojo en el plazo máximo de 48 horas desde la petición cautelar, sin necesidad de prestar caución, en tanto en cuanto, na vez requeridos los ocupantes del inmueble, no exhiban el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble".

El nuevo artículo prevé ayudar a los desahuciados. Diría: "Acordado el desalojo podrán dar cuenta a los servicios sociales municipales a los efectos de facilitar el realojamiento atendiendo a la especial vulnerabilidad de los ocupantes o a las demás circunstancias del caso".

Sin años de espera

El cambio legal permitiría la activación de medidas de desalojo al inicio del proceso penal, para que el dueño no tenga que esperar al final del proceso judicial para recuperar su vivienda. Para ello, consideran los abogados barceloneses, ha de darse una herramienta concreta a los jueces que impida diferentes interpretaciones en la aplicación de la ley y les permita dar respuesta "a un clamor de la sociedad", como lo ha calificado Jorge Navarro, miembro de la Comisión de Normativa.

La solución pasa igualmente, en opinión de los letrados, por la "ampliación de las facultades de las policías para que actúen. El límite de 48 horas para actuar es una leyenda", ha explicado el exdecano del Colegio de Abogados de Mataró, Julio J. Naveira, vocal de la Comisión de Normativa.

Problema creciente

Han presentado este miércoles la propuesta María Pastor, decana del Colegio de Abogados de Mataró e integrante de la Comisión de Normativa del ICAB, y la abogada y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mataró, Núria Moreno, que ha descrito el problema que están viviendo en esa localidad catalana desde hace años.

Ambas son impulsoras de la propuesta. Para María Pastor, "la técnica procesal actualmente no funciona. Las mafias son más rápidas y eficientes que la propia Justicia", y el problema de la ocupación precisa "una respuesta rápida y contundente". 

Núria Moreno ha diferenciado el fenómeno de la ocupación que se daba tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, en la crisis del 2012, del modelo actual. Si en aquel momento estaba protagonizado por "personas vulnerables afectadas por los desahucios hipotecarios" que se metían en viviendas acumuladas por entidades financieras en sus embargos, ahora el perfil de la ocupación ha evolucionado y "aparecen redes dedicadas a la venta de casas a personas vulnerables". Son redes que llevan a cabo "casos de extorsión a los propietarios".

Moreno ha señalado como parte preocupante del fenómeno el surgimiento en Catalunya de patrullas vecinales contra los ocupas, fruto de "problemas de convivencia y degradación en el espacio público" que ha calificado de "verdaderamente graves".

Inmediatez

Jorge Navarro ha explicado que la propuesta incrementa la seguridad jurídica, "buscando la inmediatez en recuperar la posesión y proteger a la víctima como persona que ha sido estafada por los grupos criminales", que actúan en el ámbito de la ocupación.

Para Julio J. Naveira, "se entiende que la legislación no es suficiente. Las mafias están amparándose en las limitaciones de la ley para dañar a los más vulnerables. Se aprovechan de la falta de eficacia de la Ley para una ocupación delicuencial. Urge una reforma".

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La solución pasa además, en opinión de Núria Moreno, por políticas de "creación de vivienda social que den solución a las personas que pasan por una situación de necesidad" y por la puesta en marcha de patrullas específicas de las fuerzas de seguridad que den información, tranquilidad y prevención a los barrios afectados.