Colau multará al fondo Azora por tener pisos de protección oficial vacíos

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este jueves que ha abierto un expediente sancionador contra el fondo inversor Azora Gestión Inmobiliaria SL al detectar que este ha incumplido la obligación de alquilar hasta 20 pisos de un edificio de protección oficial que adquirió en el año 2010. Se trata del bloque de pisos de la plaza de Alfons Comín 11-12, donde esta sociedad además, mantiene un conflicto con los inquilinos por el precio de los alquileres. Sobre este asunto, el Ayuntamiento de Barcelona también señala que ha hecho indagaciones y ha constatado que la compañía, tal como denuncian los vecinos, "mantiene prácticas abusivas con los precios y con algunas condiciones de los alquileres", por lo que el consistorio ha decidido dirigirse a la Generalitat para que intervenga.

El edificio de viviendas de la plaza de Alfons Comín, 11-12 fue construido por la sociedad pública REGESA. Se trata de un edificio de 66 viviendas y 111 plazas de aparcamiento no vinculadas a las viviendas. Se construyó para ser alquilado como viviendas de protección oficial durante los 10 primeros años, hasta julio de 2018. A partir de aquella fecha pasó al régimen de "precio concertado" y este régimen tiene una duración de hasta 90 años.

Subidas de precio desmesuradas

En 2010 el fondo de inversión Azora adquirió el edificio. Las quejas de un grupo de familias arrendatarias de este edificio llegaron al ayuntamiento a principios de 2019, cuando denunciaron subidas de precios desmesuradas de los alquileres y algunas prácticas abusivas por parte del nuevo propietario.

Esta sanción se enmarca por un lado, en la denuncia de los propios vecinos y, por el otro, en el plan de inspección del parque de vivienda protegida de la ciudad en marcha desde diciembre de 2017 precisamente para detectar y corregir anomalías en el uso del parque residencial privado que aún conserva la protección oficial. Hasta el momento, en el marco de este plan se han inspeccionado 3.550 viviendas con VPO. De momento se han incoado 115 expedientes, y hay otros 73 casos más en los que se han abierto diligencias para hacer comprobaciones previas.

Unidad antiacoso

En este caso, la intervención de la Unidad antiacoso de Disciplina de la Concejalía de Vivienda y Rehabilitación ha detectado el desempleo de 20 pisos, una infracción tipificada como muy grave en materia de vivienda de protección oficial por la Ley 18 / 2007 de 28 de diciembre del derecho a la vivienda, infracción presuntamente cometida por la sociedad Azora lo largo de los años en los que ha sido propietaria del inmueble. La ley determina la obligación de la propiedad de mantener la finalidad para la que las viviendas han sido promovidas, que es satisfacer la necesidad de una residencia habitual. Por lo tanto, la propiedad tiene la obligación de mantener alquilados los pisos.

La Ley para el derecho a la vivienda considera un incumplimiento de la función social de la propiedad de una vivienda VPO que éste no se destine a residencia habitual y permanente de personas y lo tipifica como infracción muy grave. A diferencia de los pisos convencionales que solo pueden estar vacíos sin justificación durante dos años, en el caso de los pisos protegidos el período máximo es de tres meses. 

A pesar de esta obligación legal, el ayuntamiento asegura que ha podido constatar a través de los consumos de agua, que a lo largo de los años 2016, 2017 y 2018 un total de 20 pisos de este edificio han sido durante periodos de hasta tres años vacíos, es decir, sin cumplir esta obligación y esta función esencial de las viviendas. La Ley del derecho a la vivienda establece que las infracciones muy graves pueden ser sancionadas con multas de entre 90.001 y 900.000 euros. Sin embargo, hasta la resolución del procedimiento sancionador no se puede determinar la concurrencia o no de la infracción y la responsabilidad y, si así procede, la cantidad definitiva de la multa.