Las cicatrices del socavón

El hundimiento del Carmel, 15 años de un desastre sin culpable

La Generalitat renunció a determinar responsabilidades por el colapso de la cola de maniobras y se centró en resolver el conflicto

El ayuntamiento se convirtió en la administración señalada por lo sucedido cuando la gestión de la obra del metro era autonómica

El parque infantil que se instaló en el lugar exacto en el que se hundió la cola de maniobras, tragándose un garaje y dejando dos edificios tocados de muerte.

El parque infantil que se instaló en el lugar exacto en el que se hundió la cola de maniobras, tragándose un garaje y dejando dos edificios tocados de muerte. / JORDI COTRINA

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Toni Sust

Han pasado 15 años, una cifra un poco pobre en cuanto a aniversarios se refiere, cierto es, pero un aniversario al fin de la que fue vista como la mayor crisis de Barcelona en décadas. Este lunes se cumplen tres lustros del hundimiento de las obras del metro del Carmel, un suceso que puso en alerta a la administraciones y que aunque acabó sin un solo muerto, tuvo una afectación rotunda en la vida de los ciudadanos: más de 1.200 personas se vieron de repente viviendo en hoteles, en un ambiente marcado por el miedo a que fueran cayendo edificios.

Con todo, se diría que el final ha sido relativamente feliz. La factura final del Carmel ascendió a unos 80 millones de euros, de los que 60 los pagaron las aseguradoras del Gobierno catalán y de las empresas responsables de la obra. Los 20 restantes los abonó directamente la Generalitat. Como afirma una persona que vivió lo sucedido desde el ayuntamiento: “Nunca llegamos a saber qué había pasado exactamente”.

La obra pública y la confianza

Ante lo que pasó cabían varias reacciones, además de las obligadas, que eran atender a los desalojados  y comprobar qué quedaba en pie y que habría que derribar para finalizar un proyecto decisivo para el barrio. Como se derrumbó la cola de maniobras del túnel del metro, argumenta un antiguo alto cargo de la Generalitat, corría el riesgo de venirse abajo también la confianza de los ciudadanos en la obra pública.

“Aquello sirvió para que después algunos pudieran sembrar dudas sobre las obras del AVE a su paso por la Sagrada Família”, afirma, dolido, un exresponsable autonómico sobre la campaña a favor de que la alta velocidad llegara por el litoral, que denunciaba que el templo de Gaudí corría un riesgo serio de ser tragada por la tierra. Una campaña que Convergència i Unió respaldó con decisión.

El 3% y el dentista

Algo estaba claro sobre las obras del metro: se habían proyectado en tiempos de CiU, del último Govern de Jordi PujolY las desarrolló el primer, y único, Ejecutivo de Pasqual Maragall. O uno, o el otro, o ambos eran responsables de lo sucedido. En el tripartito, que compartían el PSC, ERC e ICV-EUiA, cundía la convicción de que todo se había hecho mal y, más todavía, de que los presuntos pagos de comisiones económicas por la concesión de las obras  a gobiernos de Pujol, el famoso 3%, habían debilitado el presupuesto de las empresas responsables, lo que, siguiendo esta tesis, habría contribuido a rebajar la calidad de los trabajos. Otros testigos de lo sucedido descartan que los técnicos aceptaran esa rebaja en la seguridad para ahorrar.

Esa sombra, que siempre planeó sobre la situación, no tomó cuerpo. “Nadal se arrugó”, afirma un testigo de aquellos tiempos sobre la actitud que tomó el conseller de Polítiques Territorials i Obres Públiques de la época, Joaquim Nadal. Fue el encargado de la gestión política del asunto, cuyo momento culminante fue una comisión parlamentaria en la que proclamó que no existía culpa pero que dos personas pagarían el pato: fueron destituidos Jordi Julià, director general de Ports i Transports y Ramon Serra, presidente de GISA. Insinuó que el anterior Govern tenía alguna responsabilidad, pero no concretó. Su puesto no peligró: Maragall no podía prescindir de uno de sus hombres fuertes. “Debía haber destituido a su hermano, Manel Nadal, y no a Julià”, afirma el mismo testigo de aquellos hechos. Al final imperó la lógica del chiste del paciente del dentista que le coge por los testículos al empezar la visita: “No nos haremos daño”.

Por parte del Govern, la mayor denuncia contra la posible responsabilidad de CiU la hizo Maragall con su famosa alusión al 3% en el Parlament: “Ustedes tienen un problema, y ese problema se llama 3%”. Pero como la retiró minutos después, tras ser amenazado por Artur Mas de que la legislatura quedaba bloqueada por esas palabras, no tuvo más recurrido.

El ayuntamiento

Pero mientras todos estos debates se tejían y se destejían, el ayuntamiento no tenía otra opción que reaccionar y gestionar la emergencia que suponía haber sacado de sus casas a más de 1.000 personas. Y se topaba con casuísticas que iba resolviendo como podía con la sensación de que nadie le acompañaba: “Nos sentimos más solos que la una. De entrada, la respuesta fue municipal”, sostiene un responsable del consistorio de la época. “Venía una señora desalojada con el perro. Busca un hotel que acepte animales. El hotel que acepta animales solo acepta cobrar en efectivo. En ese contexto, venía la gente de la conselleria de Benestar y decía: ‘Tenemos que firmar un convenio’. Después sí se sumaron y su aportación fue positiva”.

“La gestión de la emergencia la hicimos muy bien. El tema era qué explicábamos”, recuerda una persona que participó en el dispositivo del ayuntamiento, que prácticamente vivía en el barrio. El entonces alcalde, Joan Clos, se convirtió en la cara visible de la gestión de la debacle, como si la obra la dirigiera el consistorio. “A Clos le dijimos que no entrara en detalles técnicos, pero lo hizo”.

Las responsabilidades

Una vez encauzada la atención a los vecinos, una vez quedó claro qué había que construir y qué rehabilitar, tocaba zanjar el tema de la responsabilidad financiera, porque una cosa es renunciar a que se señale quién tuvo la culpa del hundimiento y otra muy distinta pagar la factura.

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Según un antiguo alto cargo del tripartito, el asunto se zanjó bastante a la brava, determinando que el Govern, que renunció a acudir a los tribunales contra hipotéticos culpables, asumiría un tercio de los pagos, y que los otros dos les corresponderían a las empresas responsables de la dirección de obras y de su ejecución. En los tres casos, se recurrió a las aseguradoras respectivas, que, como se citaba anteriormente, pagaron 60 de los 80 millones que costó toda la operación, con los que se pagó el alojamiento temporal de los vecinos, las indemnizaciones, los pisos nuevos que se construyeron y los trabajos en las viviendas que fueron rehabilitadas.

“Se logró preservar el nombre del Carmel, el barrio no quedó estigmatizado”, subraya el mismo alto cargo, que recuerda como, en cambio, la crisis de la aluminosis había tenido un efecto demoledor en el Turó de la Peira: desvalorización de los pisos y estigmatización absoluta del barrio. “Creo que lo hicimos bien”, añade uno de los participantes del operativo institucional que combatió una crisis que parecía haber hundido a una ciudad entera, y no la cola de maniobras del Carmel.