Barcelona pide más cámaras de vídeo para combatir la inseguridad

Combatir la delincuencia en una ciudad como Barcelona pasará por aumentar la presencia de agentes de policía pero no solo por ahí. Tras meses de trabajo, el Pla Barcelona Ciutat Segura, que según el 'conseller' de Interior, Miquel Buch, ha escuchado a los principales referentes sociales de la ciudad, ve fundamentales diversas modificaciones legales para poder asumir el reto. 

El Código Penal debe endurecerse para luchar contra le reincidencia de ladrones que son detenidos pero recuperan la libertad a los pocos días y la ordenanza municipal debe participar más de la protección de la ciudad. Son de los cambios que propone el grupo de trabajo que reúne a los Mossos d'Esquadra con empresarios, comerciantes, administraciones y asociaciones de vecinos. "A todos les hemos preguntado cómo podemos protegerlos mejor", ha explicado Buch, que defiende que es la primera vez que se afronta un problema de seguridad desde este sistema de trabajo en equipo. 

El cambio más sustancial, sin embargo, pasa por actualizar un marco legal, el de la videovigilancia, que está completamente "desfasado". Tiene más de veinte años de edad y no permite, ni de lejos, utilizar en materia de seguridad las nuevas tecnologías, concluye el director de los Mossos, Pere Ferrer. "Hablamos sobre todo de cámaras con lectores de matrícula que podían ayudarnos mucho", subraya. O de cosas que todavía quedan lejos "como el reconocimiento facial". La instalación de videocámaras en espacios públicos aviva como ningún otra medida el viejo debate entre libertad y seguridad: las cámaras tienen un poder elevado para disuadir a los delincuentes pero también suponen una intromisión en la intimidad de los ciudadanos. 

Para los responsables policiales, así lo resume el comisario jefe Eduard Sallent, no tiene demasiado sentido ignorar el contexto actual. "Cualquier ciudadano puede usar la cámara de su teléfono móvil para gravar lo que desee pero un policía debe cumplimentar informes y hacer frente a muchos condicionantes legales". "Son medidas garantistas para el ciudadano, como el uso de cámara GoPro por parte de antidisturbios recientemente, o instalar cámaras en los coches patrulla (algo que todavía no se ha hecho)", avanza. "No es una petición de este Govern", ha remarcado Buch, es una petición que han hecho llegar "los agentes sociales con quienes nos hemos reunido". 

Actualmente la comisión de videovigilancia es un organismo presidido por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y su legislación impide, para los responsables de la seguridad en Catalunya, usar videocámaras en materia de inseguridad, una herramienta que podría ser decisiva. 

Los delitos aumentan en el 2019

Los delitos aumentaron un 2,9 % en Barcelona en 2019, de los cuales un 60 % fueron hurtos y un 10 % robos con violencia e intimidación, siendo Ciutat Vella y el Eixample los dos distritos con más actos delictivos y los turistas con un alto poder adquisitivo un colectivo "vulnerable".

Para Buch, Ferrer y Sallent, la activación del 'Plan Barcelona Ciudad Segura', que comenzó a aplicarse a finales de julio de 2019 ante el auge de los actos violentos en la ciudad y que recoge una batería de medidas para revertir esta situación, ha demostrado su eficacia porque la tendencia era mucho más preocupante. En 2019 se produjeron un total de 229.258 delitos en la capital catalana, 136.110 antes de implementarse el plan y 93.148 desde entonces, lo que significa que los actos delictivos aumentaron un 7,7 % antes de la puesta en marcha de estas medidas. Es decir, la tendencia era preocupante y alarmó a la ciudadanía. 

En verano los robos con violencia e intimidación se dispararon un 30% y durante los dos meses de julio y agosto se registraron más homicidios que en cualquier otro estío de la pasada década -salvo el del 2017 cuando el atentado yihadista asesinó a 15 personas el 17 de agosto-. 

Para dar la vuelta a esta situación, el Govern destinó a 364 agentes de la última promoción de los Mossos, la mitad de los 750 graduados, a la capital catalana. E incrementó la vigilancia preventiva en un 40%.