EN TRAVESSERA

Desahucio con cargas policiales y riña política en Barcelona

Fuerte presencia policial en el desahucio de una familia en el barrio de Gràcia, en Barcelona

Fuerte presencia policial en el desahucio de una familia en el barrio de Gràcia, en Barcelona. / periodico

Gemma Tramullas

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Hasta el último momento hubo llamadas al más alto nivel para intentar parar la tercera orden de desahucio contra Juan y Livia, un matrimonio con tres hijos, uno de ellos menor de edad, que llevaba 12 años pagando 1.000 euros por un piso de la Travessera de Gràcia de Barcelona y que no pudo asumir el aumento de 300 euros que le exigía la propiedad. Ni el hecho de que la familia tenga asignado un piso de la bolsa de alquiler social del ayuntamiento para entrar a vivir el 15 de enero ni la proximidad de la Navidad impidió que, ante un impresionante dispositivo de 12 furgonetas de los Mossos, se ejecutara este viernes un desahucio que se ha convertido en referente de la lucha ciudadana contra los abusos del alquiler.

Tras la llegada de la comitiva judicial, la alcaldesa Ada Colau intervino a través de Twitter calificando el despliegue de "incomprensible e intolerable". Colau informó que habían llamado a la Conselleria de Interior para "pedir que se pare inmediatamente la intervención". Tanto Colau como la concejala de Vivienda, Lucía Martín, insistieron en que tanto la Generalitat como los juzgados sabían que la familia tenía un piso asignado. También en Twitter, el 'conseller' Buch replicó que los Mossos "dependen solo de la judicatura en casos de desahucio" y pidió "continuar trabajando continuamente para encontrar soluciones sociales a los problemas sociales".

El poder judicial

A pie de calle estuvo la diputada de la CUP Natàlia Sànchez, que aludió a las excepcionales circunstancias para pedir reiteradamente al jefe del operativo policial que reconsiderara el uso de la fuerza. Por su parte, el Sindicat de Llogateres que, junto a la Oficina d’Habitatge Popular de Gràcia ha trabajado en el caso de Juan y Livia, centró la responsabilidad en el poder judicial "por obcecarse en ejecutar un desahucio en lugar de esperar 20 días, con una macrooperación terriblemente violenta". Este caso se hizo más mediático a raíz de un tuit de la número dos de Unidas Podemos, Irene Montero, en el que mencionaba a la propietaria con nombre y apellidos.

Desde primera hora de la mañana, decenas de activistas por la vivienda ocuparon el vestíbulo y la escalera del número 274 de la Travessera, con el apoyo de unas 200 personas en el exterior procedentes de colectivos de toda Barcelona y de L’Hospitalet. Los antidisturbios emplearon las porras para alejar a los activistas que se encontraban en la calle en actitud pacífica y durante el desalojo una persona resultó herida por un golpe de porra en la cara y hubo una detención. Los Mossos tuvieron que acceder al inmueble a través de la ventana del primer piso del edificio.

Al otro lado de este conflicto no hay un fondo buitre sino un particular que tiene varios inmuebles, entre ellos el piso de Juan y Livia. Paradójicamente, el Sindicat de Llogateres está encontrando cada vez más resistencia a dialogar por parte de los pequeños propietarios: "Es más fácil que Blackstone se siente a negociar con nosotros que los rentistas particulares –afirmaba una fuente del Sindicat-. No puede ser que una minoría con cinco o más viviendas en alquiler decida por su cuenta quién puede vivir en la ciudad y cuánto tienen que pagar".

El matrimonio formado por Juan y Livia inició su lucha hace año y medio y pagó el alquiler hasta que llegó la primera orden de desahucio. "No nos sentimos perdedores, sino ganadores -afirmó Livia tras cuatro horas de tensa operación-. Me siento orgullosa de hasta dónde hemos llegado porque esta es una lucha que hay que ganar por todos los que vendrán detrás". Con un ramo de muérdago en la mano, símbolo de bienestar y prosperidad, Juan deseó, a pesar de todo, "¡Feliz Navidad!". Hasta el día 15, la familia se alojará en casa de un miembro del Sindicat.

Ante la incapacidad de las administraciones públicas para resolver este choque entre el derecho a la propiedad y las necesidades básicas de la ciudadanía los colectivos por la vivienda insisten en la necesidad de que el Gobierno regule los precios del alquiler, como ya está pasando en otras grandes capitales europeas.